Abogado de la familia Petro acumula millonarios contratos con el Estado; revelan la cifra y detalles del caso

Una investigación periodística realizada por El Tiempo ha dejado al descubierto la cuantiosa suma de dinero público que ha recibido el penalista que representa jurídicamente al jefe de Estado y a su hijo. Las cifras señalan que la suma de las contrataciones supera los 466 millones de pesos en un periodo comprendido entre mayo de 2024 y julio de 2026.

El vínculo laboral con el Estado comenzó de manera individual con la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad con la que firmó un primer compromiso por 93 millones de pesos. Sin embargo, con el paso de los meses, la asignación de recursos públicos continuó diversificándose a través de una persona jurídica.

Mediante la sociedad Grupo Carranza Abril S. A. S., en la que el litigante figura como socio junto a su esposa, Julieth Mayerly Abril Fernández, la firma extendió su presencia en otras instituciones. Fue así como lograron pactar acuerdos de asesoría estratégica con el Club Militar por un valor inicial de 19 millones de pesos.

Posteriormente, la entidad castrense volvió a contratar a la firma por un monto de 87 millones de pesos. En aquel momento, la institución estaba bajo el mando del general en gracias retiro José Henry Pinto, un oficial que tiempo después asumiría la dirección de la Aeronáutica Civil.

La transición del oficial a la autoridad aeronáutica coincidió con nuevos movimientos administrativos. Tras la llegada de Pinto a la Aerocivil, la cónyuge del jurista fue vinculada laboralmente como asesora grado 30, recibiendo una asignación mensual cercana a los nueve millones de pesos, responsabilidad que aún desempeña.

Los recursos asignados por la agencia de infraestructura no se detuvieron con el primer contrato. La firma jurista aseguró dos adiciones presupuestales más con la misma entidad en julio de 2025 y febrero de 2026, las cuales sumaron 78 millones y 187,7 millones de pesos respectivamente, periodo en el que ya ejercía la representación legal del mandatario.

Ante los cuestionamientos vertidos sobre la transparencia de estos procesos, Alejandro Carranza Cepeda argumentó que todas las contrataciones se han realizado en el marco del estricto cumplimiento de la ley. El jurista recalcó que su relación profesional con la agencia de infraestructura antecede a su designación como defensor de Nicolás Petro Burgos y del presidente.

Respecto a las vinculaciones con el organismo militar, el profesional del derecho explicó que se derivaron exclusivamente de su trayectoria previa con el oficial a cargo. Asimismo, enfatizó que no existió ningún tipo de trato preferencial ni tráfico de influencias en la asignación de ninguno de los montos señalados.