A mes y medio de presencia militar en Buenaventura, intervención social aún deja dudas

Aunque hay avances en la apuesta del Gobierno, líderes sociales piden que sea un trabajo sostenido.

“Tal vez sí, tal vez no. Nos han hecho propuestas tantas veces y vea, seguimos igual o peor. Mi hijo menor se gradúa hoy de la Universidad del Pacífico y qué lo voy a poner a hacer. Y eso que a mi no me ha ido tan mal, porque le pude dar estudio”. Polo* es un líder social del barrio Lleras de Buenaventura. Levantó a sus diez hijos en este sector de casas palafíticas, a punta de rebusque. Siempre anda muy elegante, pantalón de lino, camisa manga corta y zapatos de material. Lleva años trabajando por su comunidad. Recorre las calles polvorientas, transita por los puentes levantados para ingresar en las casas que se sostienen con palos de madera. Lleras es uno de estos barrios de baja mar que fueron construidos robándole metros al mar Pacífico. Saluda a las mujeres, acaricia la cabeza de los niños que corren a jugar en dos lanchas metreras.“A mis hijos les ha ido bien, pero veo los de mis vecinas todo el día parados en las esquinas, buscando qué hacer, ya ni pueden ir a cortar madera porque eso es como narcotraficar. Está prohibido y los meten presos”, dice Polo. El martes, en la sala de su casa, estuvo pendiente del debate en el Senado, al que fueron citados los ministros para explicar la estrategia en el Puerto.“Yo creo que lo que dijo el senador Alexánder es así. Todo para el puerto y nada para acá. Yo he visto muchos jóvenes morir y muchos otros ser detenidos. Aunque aquí pasan cosas, con el puesto permanente de la Armada y el CAI de la Policía la seguridad es mejor que hace unos años. Pero por Viento Libre, Muri Yusti y Alfonso López está peor. Y uno se pregunta por qué si allá permanecen los militares que llegaron en ese plan de choque”, agrega. Buenaventura completa casi un mes y medio con una intervención social y militar por parte del Gobierno Nacional, tras las reiterativas denuncias sobre la violencia, que, según diferentes sectores sociales, había tocado fondo. Una intervención que ha traído consigo, según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, una luz de esperanza, pero al mismo tiempo escepticismo de organizaciones sociales del Puerto que temen que cuando la marea baje, los anuncios se queden solo en palabras, como en otras ocasiones.Polo cree que los puntos anunciados, como plan de choque, son un “rencauche” de lo que ya se había acordado antes. “Eso ya estaba y vienen a ofrecer lo mismo. Y en el debate no se dijo nada nuevo. Lo que necesita la ciudad es trabajo. Trabajo para esos jóvenes que viven ahí, recorriendo calle”.El propio Defensor participó en un debate sobre la situación de Buenaventura, realizado el miércoles pasado en el Senado, al que fueron citados varios ministros, pero al que solo acudió Juan Carlos Pinzón, de Defensa. Ese día, el funcionario hizo un balance de las operaciones militares que se realizan en la ciudad y resaltó que durante los dos meses de intervención policial, se han presentado 41 días sin homicidios.Pinzón comentó que se ordenó la militarización de varias zonas de Buenaventura, que inició el 21 de marzo pasado con la llegada de 300 miembros de la Armada para reforzar las unidades de la Infantería de Marina y Policía, que juntas superan los dos mil efectivos. También participaron en ese debate David Luna, alto consejero para las regiones, y Gabriel Vallejo, del Departamento de Prosperidad Social, delegados por Santos para que articulen los esfuerzos en un plan de choque, en el que se realizarán millonarias inversiones para sacar a Buenaventura de un atraso de décadas. Una pobreza, que sumada a la presencia de actores criminales y a la corrupción, ha hecho que la violencia se enquiste en esta ciudad de casi 400.000 habitantes. ¿Cómo va la intervención?La gerencia social, creada el 8 de marzo, ha realizado once reuniones en las que se “acordó con diferentes entidades la disposición de recursos para invertir en los problemas sociales que afectan a Buenaventura”. Para esto se realizarán 30 acciones que abarcan desde proyectos sociales y productivos, como la construcción de un Centro de Empleo, la implementación con el Icetex de la línea Buenaventura de créditos para educación superior técnica, tecnológica y profesional bajo condiciones especiales “hasta la llegada de 700 soldados, infantes de marina y policías, quienes reforzarán los 2.400 efectivos que se encuentran en las zonas rural y urbana, así como diez vehículos de combate”.La Iglesia local ha reconocido avances con la intervención, pero insiste en que es necesario decretar una emergencia social. “La situación humanitaria y social de Buenaventura ha mejorado un poco, pero sigue deteriorada y eso es grave”, aseguró el obispo Héctor Epalza, quien lideró la gran marcha del pasado 19 de febrero, ‘Entierro de la violencia’. Al obispo le preocupa que todo se quede en palabras y no pase de ese plan de choque que el presidente Santos anunció el 4 de marzo, cuando acudió al Puerto a dar la cara a la comunidad. “Que no sean paños de agua tibia, se deben extirpar las causas de esta situación social del Puerto. La intervención militar no es suficiente”, indicó el prelado.Igualmente, el personero Distrital, Álvaro Martán Abonce, ha mostrado su preocupación por la situación de violencia que afecta a esta ciudad. “Pensábamos que la intervención militar iba a cesar esta ola de violencia, pero no ha sido así, nos preocupa aún más lo que va a pasar cuando esos refuerzos se vayan”, indicó funcionario, quien también considera que con la intervención militar no se soluciona la problemática.Y es que, pese a la militarización, se han presentado tres casos de descuartizados en las zonas de bajamar. Jacinta* ve un partido de fútbol en su casa de Alfonso López. Es jueves. Camuflada entre el sonido de la televisión decide hablar. Cuenta que esa madrugada escuchó los gritos de una mujer. Pedía ayuda. Cuando los hombres de la Armada llegaron, encontraron un machete y rastros de sangre en una casa. Las autoridades presumen que se trató de un caso de desmembramiento, aunque los restos aún no aparecen. “Pero vea uno ahora qué va a decir, si los que hicieron eso están por aquí, tan campantes. Y hasta los ve uno hablando con los militares”, recalca la mujer. Una fuente de las autoridades asegura que esta zona tiene la influencia de miembros de la ‘Empresa’, una de las dos bandas que se disputan Buenaventura. El ministro Pinzón resaltó que 68 integrantes de este grupo han sido detenidos en la ofensiva desplegada por 2.500 hombres de la Policía y la Armada. Pero, asegura un líder de los pescadores, mientras no se ataque la pobreza y el desempleo, las bandas criminales tendrán más y más jóvenes en sus filas.El Personero destaca que lo que se debe generar es una intervención humanitaria que llegue a las comunas, a los barrios, donde se hable con los jóvenes para que tomen conciencia de lo que está pasando. “Nos estamos matando, por eso debemos hacerle ver a los violentos que con esta guerra no gana nadie, las armas no son la opción”, dijo Martán.Por su parte, Alexánder Micolta, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, se mostró optimista en que el plan de choque sí dará resultados. “A pesar de estas muertes, el ambiente es de confianza en las autoridades, de continuar con todos estos operativos de seguridad, sumados a las acciones de Gobierno en lo social. En términos generales, el clima que percibimos es bueno”, precisó.Y señaló que es consciente de que se necesita una mayor acción del Gobierno Nacional, pero a la vez confía en que estos planes trazados desde la Presidencia de la República darán resultados.Explica que son dos cosas. Un plan de choque de $226.000 millones, que se invertirán en diferentes puntos acordados. Y el otro es la promesa del crédito de US$400 millones, con el que se realizará el Plan Master, un ambicioso proyecto que le dará una hoja de ruta a Buenaventura.Para el padre Jhon Reina, de la Pastoral Social, esta serie de promesas contenidas en el Plan son solo una suma de cosas que ya se habían formulado para la ciudad años atrás. Reitera que la “emergencia social y humanitaria” es la real salida a los problemas del Puerto.“Los 30 puntos de la agenda del Gobierno que maneja el señor Luna no se pueden desarrollar a corto plazo, de allí la necesidad de declarar esa emergencia que le da herramientas reales al Estado para intervenir con hechos concretos”, dijo el sacerdote que, sin embargo, reconoció que hay una intencionalidad del Gobierno Nacional y del Presidente, pero lo demás son dudas.Los operativosEl Ministro de Defensa, durante su intervención en el Senado, resaltó la captura de 151 personas, de las cuales 122 siguen tras las rejas. El coronel Miguel Correa, comandante de la Policía en el Puerto, insistió en que, contrario a lo que se cree por los hechos de sangre registrados en Semana Santa cuando cinco personas fueron asesinadas, la situación ha ido mejorando.Correa asegura que las muertes producidas en el último mes son “coletazos de estas bandas por la presión que sobre ellas se ejerce. Hemos logrado resultados muy importantes, capturas valiosas, el trabajo es constante y avanzamos a la consolidación de la seguridad en el Puerto y el aniquilamiento de estas bandas criminales”.Dijo que su preocupación es la presencia de jóvenes y menores de edad dentro de esas bandas del 'Clan Úsuga' (antes llamado 'Los urabeños') y la ‘Empresa’. “Esos grupos ilegales, al no tener un liderazgo, debido a las capturas de sus cabecillas, tratan cada uno de actuar buscando resurgir a costa de lo que sea”.