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A dos soldados les habrían ordenado mentir en el caso violación de niña indígena en Risaralda

Octubre 14, 2020 - 06:54 p. m. Por:
Colprensa
Militares acusados de violación

Siete soldados son acusados de violar a una menor de 13 años el pasado julio, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Especial para El País

Al menos dos uniformados adscritos al Batallón de Artillería No. 8 ‘Batalla de San Mateo’, de la 8va Brigada del Ejército Nacional, de la que también hacen parte los siete soldados señalados de violar a una niña indígena de la comunidad Embera, afirmaron que mintieron ante la Fiscalía por orden de un superior.

Se trata de dos testigos que  rindieron versión en el caso este miércoles, a través de audiencia virtual en la Procuraduría. Aseguraron que recibieron directrices del viceprimero Díaz y el cabo Hernández, sobre el lugar en donde estuvieron cuando ocurrió el abuso sexual a la menor.

“No dije la verdad sobre el lugar en donde estábamos”, aseguró el soldado regular Víctor Manuel González, quien además, aseguró que no se había percatado de lo que ocurrió con la menor de 13 años, hasta que en la mañana siguiente los llamaron a formar. “Me di cuenta al otro día cuando la niña dijo que la habían violado. Nos formaron y la niña señaló a los supuestos violadores”.

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De acuerdo con el relato del soldado, la menor identificó a tres uniformados como quienes la accedieron carnalmente. “Señaló a tres cursos. Señaló a Morales Poveda, González Jair y el otro no lo recuerdo”, dijo y reiteró que en medio de la formación “nos dijeron exactamente qué decir. - Si les preguntan, ustedes dicen estaban afuera del colegio. Mi Primero Díaz y el Cabo Hernández nos dijeron que debíamos decir eso”.

Por su parte, Iván Andrés Herrera, también soldado regular, aseguró que cuando se movilizaban hacia la parte superior del colegio, lugar donde, al parecer, fue accedida la menor él logró ver la niña, previo al suceso, y alertó a sus superiores.

“Le avisé a mi sargento Díaz, él le dijo que debía irse que no podía estar ahí”, aseguró el soldado, quien también se percató que la niña estaba haciendo unos dibujos en un cuaderno y logró identificar que era un pene, una vagina y tenía el número de un celular escrito.

“Cuando pasó los hechos de la indígena él (viceprimero Díaz) dijo formar y recoger todo que nos vamos. Él empezó a decir lo que uno tenía que decir. Que dijéramos que estábamos en un cerro, que todos los días nos movíamos. Él no quería que se enterara que estábamos en un colegio. Todo eso yo lo dije a la Fiscalía, yo no me puse a inventar nada”, dijo el soldado.

Juan Sebastián Imbachí coincidió con la versión de los demás uniformados respecto del señalamiento que hizo la menor en contra de los tres uniformados que estaban formados luego de los hechos ocurridos. Aseguró que no tenía conocimiento de la violación hasta el otro día cuando los hicieron formar.

Los uniformados coincidieron en que sus superiores dieron indicaciones respecto de lo que debían decir, pues al parecer, no querían que se percataran que no estaban realizando movimientos en el sitio.

Las declaraciones de los uniformados hacen parte de la etapa de juicio que empezó en contra de los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.

El procurador delegado para asuntos de las Fuerzas Militares Hermán Rincón, fue quien instaló la audiencia disciplinaria contra los siete soldados del Ejército involucrados en la violación de la menor, ocurrida en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

El caso

En este caso, que avanza en etapa de juicio, los uniformados que hacen parte del Batallón de Artillería No. 8 ‘Batalla de San Mateo’, de la octava Brigada del Ejército Nacional, tendrán que responder por el presunto acceso carnal violento y secuestro simple cometido contra la menor, a juicio del ente de control.

Lo que trascendió en la primera diligencia, que fue adelantada en agosto pasado, es que frente al caso del soldado Fernando Mangaret Hernán, aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer, contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla de cualquier agresión.

De acuerdo con lo expuesto por la procuradora Aura Fajardo, Mangaret arregló un “cambuche” para que la menor se hospedara luego de que fue abusada por sus seis compañeros, mientras estuvo desaparecida de su casa entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La delegada de la Procuraduría dejó claro que los soldados regulares ya habían sido advertidos de la desaparición de la menor, y aún más les habían advertido que no se acercaran a la niña, pero hicieron caso omiso, de ahí que Mangaret la persuadiera para que se quedara en el “cambuche”.

Lo que llamó la atención de la procuradora es que los soldados tenían la responsabilidad de cuidar la integridad de la menor quien pertenece a una etnia diferente a la de los agresores, quienes en audiencia penal hecha por la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad en el abuso sexual.

La Procuradora argumentó que el acceso carnal a la joven Embera se registró luego de que Juan Camilo Morales la abordara y le preguntara “si era virgen, con lo cual dejó ver su intención sexual al abordaje a la niña y allí la condujo hasta una zona cercana” a donde se encontraban el resto de uniformados.

La delegada del ente de control dejó claro que los soldados se reunían en varias ocasiones para para fumar cigarrillo y consumir otras sustancias, y en una de esas habían concertado “compartir sexualmente la víctima”.

Para la procuradora, “el haber incurrido probablemente en las conductas de acceso carnal violento conllevó a que los principios de transparencia y moralidad se vieran afectados por la presunta realización de la falta atribuida a los soldados regulares del Ejército Nacional”.

“Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto, esperan que algún miembro de la institución, vulnere la dignidad de las personas, más aún de las menores de edad, dada la investidura y la función constitucional que tienen, más en una zona de conflicto armado como se trata del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, argumentó en su relato.

En un segundo cargo, la Procuraduría cuestionó a los soldados porque, al parecer, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad, con lo cual pretendieron ocultar a la niña de los familiares.

Según el ente de control, en su relato, los soldados habrían retenido a la menor en la parte trasera del Colegio PIO XII, al parecer, impidiéndole salir hasta el día siguiente, sin informar lo sucedido a superiores ni a los familiares de la niña, con lo cual habrían defraudado la confianza que la sociedad tiene en relación con el quehacer funcional de los miembros del Ejército Nacional.

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