Reforma a los servicios públicos: así afectaría a los estratos 1, 2 y 3

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, entregó más detalles del proyecto que tiene el Gobierno con los cambios en la tarifa de los servicios públicos durante el XXV Congreso de Andesco, durante el el gremio, afirmó que se viene trabajando en propuestas para cambiar las leyes 142 y 143 de 1994.

“El mínimo vital está concebido para personas que, realmente, no pueden, por su condición económica, pagar un servicio público, hay gente que no puede pagar sus servicios, pero que tienen derecho a ellos. Entonces, el Estado -como por mandato constitucional- tiene que garantizar la prestación de estos recursos que es el mínimo vital”, precisó.

Lo anterior sería la explicación al frente de los temas vitales de los servicios públicos en Colombia, como: el agua, internet, gas, entre otros.

Por ejemplo, en el caso del agua, agregó que es lo mínimo son seis litros que necesita una persona diariamente y hay que garantizárselos. Pero si no lo puede pagar, el Estado tiene que asumirlo. Esto es para la gente de menores recursos como lo dice en el artículo 13 de la Constitución Política”.

Asimismo, explicó como se clasificarán los usuarios para determinar quienes serán los beneficiarios o no de esa medida, y cómo se diferenciaría del consumo de subsistencia que está vigente para estratos uno, dos y tres.

El superintendente aseguró que “hay que mirar otros criterios. Están mirando desde el punto de vista de Planeación que también está estudiando la situación: porque ya no es el Sisben, pues hay gente que lo tiene y de todas maneras puede trabajar, costearse otras cosas. Hay gente que tiene otras situaciones y hay otros que no tienen nada”, argumentó Quiroga.

Ley 142 de 1994

El jefe de la SuperServicios aclaró que el Gobierno Nacional no ha pensado en cambiar toda la Ley 142 de 1994 con la reforma a los servicios públicos. “Es un ajuste al programa de Gobierno, hacer algunos cambios a los mandatos constitucionales que se han dado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó.

De acuerdo con Quiroga, la Corte Constitucional ha dado órdenes de que el Estado normatice sobre algunos aspectos en el caso del aprovechamiento.

“Por ejemplo, obligó al Estado a asumir una acción afirmativa con los recicladores. En el caso del mínimo vital, también se ha pronunciado la Corte Constitucional, en el caso de los derechos de los usuarios cuando les cortan el servicio sin el respeto al debido proceso. Esas cosas son esenciales y se van a tener en cuenta. Hay otras que son ajustes, de pronto, por la misma situación que hoy surgen más energías, tecnologías, que se exigen adecuar la ley”, apuntó el funcionario.

En cuanto a si la nueva ley va a cambiar la forma en que se fijan las tarifas de los servicios, Dagoberto Quiroga explicó que lo que se busca es que el Estado regule para evitar abusos.

Indicó que hay vacíos normativos. “En el caso de la energía, en el caso de la generación, transmisión, comercialización -que son componentes de la tarifa- le meten corrupción y ya nos acostumbramos a cargarla como un componente de la tarifa. Estamos buscando que se haga justicia tarifaria”.

Añadió que “se están cometiendo abusos y hay malas prácticas, no de todas las empresas, ni que sea privada o pública, porque las malas prácticas existen en tanto en lo privado como en lo público. Vamos a escuchar a la gente porque tenemos muchas quejas, pero a veces no es que se tenga que cambiar la norma, sino que se tiene que hacer cumplir”.