Redireccionar recursos, usar regalías y más obras por impuestos, las propuestas de la Anif para la reconstrucción

Frente al panorama de devastación dejado por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el occidente colombiano el pasado 10 de agosto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) presentó un paquete de seis medidas para movilizar recursos públicos y privados que permitan la reconstrucción de las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni crear tributos permanentes.

El terremoto, que sacudió el eje cafetero y el Valle del Cauca, dejó un saldo preliminar de daños que asciende a $30 billones, distribuidos en $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura, lo que representa cerca del 1,6% del Producto Interno Bruto del país.

La magnitud de las pérdidas abrió un debate urgente sobre cómo financiar la recuperación en un contexto de estrecho margen fiscal y dentro del marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

La propuesta central de ANIF apunta a la revisión de las apropiaciones de inversión aún no comprometidas dentro del Presupuesto General de la Nación para 2026.

El centro de pensamiento estima que existe un monto máximo de $20,1 billones susceptible de redireccionarse hacia los territorios damnificados, siempre que se excluyan los sectores que ya requieren reasignación directa por la tragedia.

En paralelo, la entidad sugiere movilizar recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Con base en cifras a julio de 2026, ANIF identificó $3,7 billones en proyectos que carecen de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y que, por tanto, no sostienen procesos contractuales activos. Adicionalmente, propone focalizar hacia la reconstrucción los $10,1 billones del recaudo del SGR que aún no han sido asignados a proyectos específicos de inversión.

Para el tejido empresarial de la región, ANIF diseñó un mecanismo de liquidez dirigido a microempresarios, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Inspirado en la experiencia de la pandemia de COVID-19, el plan contempla líneas de crédito con coberturas que oscilarían entre el 60% y el 90% del valor del préstamo, con posibles periodos de gracia definidos por la Superintendencia Financiera.

Las proyecciones de la propuesta indican que, si entre el 30% y el 80% de las microempresas de la zona de emergencia acceden a estos créditos, el Gobierno debería capitalizar al FNG entre $90.000 y $240.000 millones.

La iniciativa también incluye la ampliación temporal de los programas Obras por Impuestos y Obras por Regalías hacia municipios que actualmente no califican para estos mecanismos, como Pereira, Manizales y Cali, con el fin de que las empresas financien directamente proyectos de reconstrucción.

Asimismo, ANIF planteó la creación de un “Anticipo Solidario para la Reconstrucción”, mediante el cual los contribuyentes del impuesto de renta podrían realizar un pago voluntario adicional de hasta el 10% del valor liquidado en su declaración anual, suma que sería descontada en su totalidad en la declaración del año siguiente.

La última medida apunta a flexibilizar, de manera temporal y dentro del marco constitucional, el uso de rentas de destinación específica vinculadas a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el objetivo de liberar recursos para atender las necesidades prioritarias de la emergencia.