Nuevo decreto del SOAT en Colombia traería estos cambios clave en pagos, auditorías y atención a víctimas

Por medio de un proyecto de decreto, el Ministerio de Salud busca modificar sustancialmente los procesos administrativos y de atención que tienen que ver con la atención y pagos por casos relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Según han expresado desde la cartera de Salud, esta iniciativa se da como respuesta ante los denominados “cuellos de botella” generados por procesos administrativos que se avalaron, como por ejemplo la implementación de las tarifas diferenciales, lo que provoca auditorías dobles, trámites fragmentados y retrasos en el pago de las cuentas a las clínicas y hospitales.

“Se modifican los artículos 2.6.1.4.2.3., 2.6.1.4.2.20., 2.6.1.4.3.1., 2.6.1.4.3.2., 2.6.1.4.3.3., 2.6.1.4.3.9. y 2.6.1.4.3.13 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, relacionados con la cobertura de los servicios de salud prestados a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural y eventos terroristas, la expedición del certificado y remisión del censo de víctimas de eventos terroristas", dice el documento.

Uno de los cambios estructurales más importantes es la creación de una “auditoría única” para las pólizas con tarifa diferencial. Bajo el esquema actual, las IPS deben someter sus facturas a revisiones tanto de las aseguradoras como de la Adres.

“Las compañías aseguradoras y la ADRES deberán adelantar una sola auditoría por estos conceptos, según el caso que corresponda”, dice el proyecto.

Si se aprueba el nuevo decreto, se eliminará esta duplicidad de auditorías.

Básicamente, funcionará de la siguiente manera: si el costo de la atención no supera el límite de la póliza, la aseguradora audita y paga, pero si lo excede, la Adres asumirá la auditoría total y el pago completo a la institución de salud, encargándose luego de recobrar a la aseguradora los valores correspondientes.

La propuesta también exige la digitalización de la información mediante el uso obligatorio del sistema Siras, el cual se encarga en tiempo real de verificar qué entidad está auditando cada caso.

Además, se otorgó un nuevo papel de coordinación a las secretarías de salud de cada ciudad y municipio, los cuales deben garantizar la atención oportuna de cada paciente.

Asimismo, se establece un plazo de 30 días para que los mandatarios locales envíen el censo de víctimas a la Adres como requisito indispensable para el acceso a pagos y servicios.

Por otra parte, en lo concerniente a víctimas de eventos catastróficos o actos terroristas, el proyecto llama a una flexibilización administrativa para facilitar el reconocimiento para poder asignar indemnizaciones.