“No somos los responsables del apagón”: Acolgen rechazó las duras inspecciones a las hidroeléctricas

Una fuerte tensión institucional sacude al sector eléctrico nacional tras las recientes acciones de control adelantadas por los organismos de inspección del Estado. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica manifestó públicamente su postura crítica ante las decisiones adoptadas por las autoridades regulatorias.

El pronunciamiento gremial responde directamente a los procedimientos y anuncios realizados conjuntamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio. Según la dirigencia de las empresas, estas medidas generan un ambiente de estigmatización sobre una industria estratégica para el país.

La presidenta del gremio empresarial, Natalia Gutiérrez, afirmó que el uso comunicacional de las investigaciones administrativas está instalando una condena pública anticipada contra las compañías.

La vocera enfatizó que las inspecciones oficiales deben guiarse bajo criterios puramente técnicos y no responder a sesgos de carácter político.

El origen del debate gira en torno a la efectividad del Cargo por Confiabilidad, un esquema financiero diseñado para remunerar la disponibilidad constante de energía. Las entidades de control cuestionan los montos millonarios girados a las empresas mientras persistan advertencias sobre posibles riesgos de racionamiento.

Por su parte, los voceros de las empresas generadoras defienden la vigencia de este mecanismo al compararlo con una póliza de seguro que garantiza el suministro en momentos críticos. Según el gremio, este esquema ha permitido la atracción de millonarias inversiones privadas para expandir la capacidad del sistema.

Las cifras presentadas por el gremio indican que se han invertido más de 16.700 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura térmica, hídrica y renovable. Estas adiciones operativas han permitido superar periodos severos de sequía sin necesidad de aplicar cortes programados en el territorio nacional.

Sin embargo, los pronunciamientos del superintendente Felipe Durán Carrón abrieron el debate sobre el destino final de los recursos pagados por los usuarios. La autoridad cuestiona que continúe el fantasma del desabastecimiento tras el pago de cerca de 97 billones de pesos durante dos décadas.

Frente a estos señalamientos, el sector productivo aclara que las dificultades de abastecimiento responden a retrasos en proyectos clave de transmisión y generación. A estas demoras operativas se suman las constantes alteraciones normativas y la falta de señales claras para la atracción de nuevos capitales.

Adicionalmente, la dirigencia gremial cuestiona el momento oportuno en que se inician estos procesos judiciales administrativos, coincidiendo con la transición hacia un nuevo Gobierno. La representación empresarial califica como antitécnicas las lecturas sobre el comportamiento de las ofertas en el mercado mayorista.