“Municipios deben simplificar trámites de construcción”

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, dice que planes parciales de vivienda los volvieron un trámite en las ciudades, entre ellas Cali. Pide a futuros alcaldes aprovechar nuevas normas.

La vivienda es un derecho constitucional y por tanto las autoridades de los municipios deben simplificar los trámites para su construcción.De esta manera, Sandra Forero Ramírez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, considera que la nueva ley de suelos buscará no sólo frenar la tramitología, sino controlar la especulación con los precios de la tierra urbana.La escasez y alto costo de las tierras tienen frenados muchos planes de vivienda. ¿La llamada ley de suelos podría resolver este obstáculo, o se quedó corta?Este es un mecanismo para llegar a ese objetivo. El tema del suelo va directamente ligado a la gestión de los municipios. Es un tema constitucional y lo que hacen estas normas cuidando lo que dice la Carta, es abrirle paso a unas alianzas entre el alto Gobierno y los municipios para cambiar la escala de producción de vivienda porque tenemos un déficit alto.Con una concurrencia de recursos y de voluntades políticas es posible habilitar suelo urbanizable, que es la gran necesidad para la vivienda de interés social, y adicionalmente, haciendo proyectos integrales o macroproyectos donde haya una mayor calidad de vida para las comunidades, y por lo tanto polos de desarrollo en las ciudades.¿Pero cómo convencer a los Concejos que como en Cali, han politizado los Planes de Ordenamiento Territorial?El tema de la vivienda sigue siendo un tema de responsabilidad directa de los municipios. Entiendo que en Cali y otras ciudades del país hay unas dificultades enormes para habilitar suelo, pero la ley de macroproyectos de vivienda identifica el problema y da la posibilidad de que los concejos participen sin perder sus competencias. Es decir, tienen el espacio de participar, pero también la posibilidad de que si no hay un pronunciamiento del Concejo, el alcalde pueda sacar adelante este tipo de iniciativas. ¿Es factible atacar la especulación con los precios de la tierra?El tema del suelo es demasiado importante porque es la materia prima básica para los constructores legales. Lo que no puede pasar –y que es lo que ha ocurrido históricamente en las ciudades— es que por cuenta de trámites y gestiones poco eficientes, la tierra quede en una especie de limbo. Y en la medida en que eso pasa aumentan los precios del suelo. Todo eso impacta el producto final cuando es de otros estratos, o saca del mercado la posibilidad de construir vivienda de interés social. La Ley 1469 permite habilitar rápidamente tierras, porque el tema del tiempo es fundamental. Lograr hoy un subsidio de vivienda es una odisea. ¿Cómo darle facilidades a la gente y no frustraciones?Tenemos mucha confianza y creemos que los mensajes del Gobierno se han reflejado de alguna manera en acciones. Todo porque se diseñó un modelo que fortalece la oferta y demanda a la vez. Y esa demanda se estimula inyectando recursos a través de los subsidios a la tasa de interés, y así se hizo con la Resolución 1817 del 5 de julio pasado, donde se abren otros 9.200 cupos para viviendas de entre 70 y 135 salarios mínimos. Eso fortalecerá mucho la capacidad de compra de las familias. Este Gobierno prometió un millón de viviendas en cuatro años. ¿Eso es posible?Acá no se trata de dividir la meta en cuatro partes iguales, sino en la medida en que se van implementando y reglamentando los instrumentos legales se generan las condiciones. Sin embargo, lo que se tiene planteado para el 2011 es llegar a 197.000 viviendas iniciadas. En el 2012 serán 255.000 unidades, mientras para el 2013 la meta es de 287.000 y de 306.000 para el 2014. Eso implica una recomposición de la oferta, es decir, que deberá empujarse mucho la vivienda de interés social o VIS. En otras palabras, que el 70% de esas soluciones sean VIS, las cuales sumarían 600.000 en los próximos cuatro años.Se habla de muchas viviendas, pero poco de infraestructura urbana...Los macroproyectos tienen incorporados esos atributos urbanos que hacen posible unos buenos asentamientos habitacionales. De ninguna manera, el Gobierno ni los constructores legales darían luz verde a un proyecto que no garantice tanto las redes matrices de agua potable, como de saneamiento básico, energía y la conectividad vial con la ciudad. Allí deben converger tanto voluntades políticas como recursos privados y públicos. ¿Qué tan engorrosos siguen siendo los trámites para construir una vivienda en las ciudades?Los trámites deben limitarse a lo absolutamente necesario. El constructor legal pasa por el trámite, pide una licencia y paga unos impuestos, pero lo que puede pasar es que en el tránsito de estas diligencias el tiempo sea eterno, porque ahí es donde empieza a encarecerse la vivienda, y como la VIS está regulada las empresas se salen del mercado. No es que la vivienda social no sea rentable para los constructores, sino que se les debe permitir mantener sus empresas en este segmento, pero que se les brinden las condiciones. Por eso en estos procesos electorales para escoger a los nuevos alcaldes, es importante que se tenga en cuenta que debe haber unas responsabilidades de los municipios para sacar adelante las políticas de vivienda. Eso no es más que aprovechar las normas nacionales y racionalizar los trámites, y que los funcionarios de las oficinas de Planeación tengan claras las reglas para que haya objetividad en el estudio y aprobación de las licencias. ¿Es partidaria de reformar el papel de las oficinas Municipales de Planeación, y en especial los planes parciales que están muy en boga en Cali?El Plan Nacional de Desarrollo, PND, abordó unos temas como el caso de los Planes Parciales, que es el instrumento para habilitar suelo urbano. Establece los casos en que no se requiere un Plan Parcial, porque infortunadamente es una figura que se demora en las ciudades para su aprobación entre tres y siete años. E incluso hay algunos que se tardan hasta diez años. Ya hay un decreto nacional que establece cuánto se debe tardar, lo mismo que los requisitos para una licencia de construcción. Lo que pasa es que en las ciudades se decretan trámites adicionales. El llamado es a simplificar y tener unas reglas claras en los trámites. No es que los municipios no puedan exigir requisitos, pero lo que no puede pasar es que se demoren demasiado y pasen por encima de lo establecido en los términos que fijan los decretos y las leyes.¿Son esos planes parciales de vivienda y su cúmulo de requisitos los que están frenando la vivienda?Los planes parciales son un instrumento que da la ley, cuyo objetivo nadie discute, y que es el de construir ciudades completas. Lo que pasa es que en algunas ciudades se ha optado por sobrereglamentar el procedimiento de esos planes parciales. También hay un decreto nacional que dice cómo sacar adelante esos planes. Si uno observa los tiempos que fija ese decreto, estos no deberían pasar más de 18 meses como máximo. Sin embargo, eso no se cumple. El plan parcial no es un trámite sino un instrumento de gestión de suelo, pero en los municipios lo han convertido en un trámite. Ese es el problema. Debemos volverlo a su estado inicial, como es la gestión de suelo en los casos en que se requiera. En eso el Plan Nacional de Desarrollo fija avances concretos al aclarar cuándo son necesarios y cuando no.