La industria azucarera dice que se libró "de un chantaje"

Los promotores de una acción de grupo que reclamaban $11 billones desistieron. Abogado de ingenios acusa a la SIC de estar detrás de la maniobra.

La industria azucarera del Valle del Cauca se libró de uno de los procesos judiciales que se llevaba en su contra, pues los demandantes desistieron de las exigencias. Se trata de la acción de grupo que había interpuesto la ONG Defendemos Liga de Consumidores que pretendía se les indemnizara por un monto de $11 billones. El desestimiento de la demanda entró al juzgado 32 del circuito civil el pasado martes 10 de noviembre y ese mismo día el juez aceptó el retiro y ordenó la terminación del proceso. Según el abogado de Asocaña, Pablo Cáceres, quienes presentaron la demanda contra los ingenios productores de azúcar no tenían ningún argumento para exigir esos cuantiosos recursos. “Lo que querían hacer era chantajear  y ver si anticipadamente conseguían algo, es un abuso del derecho”, dijo Cáceres, quien considera que  esta demanda se “orquestó desde la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC”. Esto a raíz de que quienes estuvieron tras la acción de grupo, tuvieron en el pasado conexiones con esa entidad e incluso “un economista español que fue llamado  como testigo en este proceso fue asesor de la Superintendencia en el pasado”, dijo el abogado Cáceres. Agregó que las acciones de grupo otorgan un 10 % de lo que se logre en el proceso para quienes interponen la medida, beneficio que, según el abogado, es lo que motiva a muchos a impulsar estas demandas.  Sobre las multas Sobre el proceso que le sigue la SIC a la industria azucarera, dijo Cáceres, que se están resolviendo una serie de inquietudes y pruebas que pidió la Superintendencia de Industria y Comercio.  Pero insistió en que la entidad  inició un proceso administrativo sancionatorio con la industria azucarera por unos hechos que supuso que habían existido, pero que el sector ratifica que no cometió. “Ni bloquearon  importaciones, ni nada, un particular no puede impedir las  importaciones porque eso lo maneja el Estado”, afirmó. Como se recordará la SIC interpuso multas por valor de $324.000 contra varias empresas y gremios del sector azucarero por el supuesto bloqueo a la importaciones del endulzante. Sobre  esta determinación, los empresarios acudieron al recurso de reposición, por lo que el proceso sigue su trámite a la espera de un nuevo pronunciamiento de la Superintendencia. En este caso, la Procuraduría General de la Nación pidió a la SIC que se respete el debido proceso, pues en una comunicación enviada al entidad dijo que hubo “notoria y evidente transgresión, vulneración y violación de principios y garantías constitucionales del debido proceso”.