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La deuda de Argentina: ¿otro callejón sin salida?

Un juez le ordenó a ese país pagar el próximo 29 de marzo US$1.300 millones en bonos soberanos.

25 de marzo de 2013 Por: Patricia Lee | corresponsal en Buenos Aires

Un juez le ordenó a ese país pagar el próximo 29 de marzo US$1.300 millones en bonos soberanos.

El temor a una nueva suspensión de pagos de Argentina pareció ceder cuando la Corte de Apelaciones de Estados Unidos le otorgó al país plazo hasta el próximo 29 de marzo para presentar una propuesta para cancelar con “términos precisos”, a los llamados ‘fondos buitre’ que exigen el pago de bonos de la deuda pública por valor de US$1.300 millones.Estos fondos, liderados por la firma NML del millonario Paul Singer, compraron a precios irrisorios los bonos argentinos cuando el país declaró en 2001 la suspensión de pagos o ‘default’ de su deuda pública, que ascendía entonces a US$144.000 millones, y luego se negaron a ingresar a las reestructuraciones de la deuda realizadas entre 2005 y 2010, que significaron una reducción de hasta el 75 % del valor de esos títulos. Ahora, los inversionistas exigen el pago del 100% del valor de los títulos en su poder. La presidenta Cristina de Kirchner confirmó que el país está dispuesto a pagar al 7% a los poseedores de esos bonos, “pero no en mejores condiciones que al resto”.Una conflictiva historiaEn el año 2001 Argentina se declaró en cesación de pagos de su deuda pública (defult), en lo que fue el mayor cese de pagos de la historia. A esta situación se llegó después de una década de medidas económicas ultra liberales, de privatización de los servicios públicos, y de convertibilidad de la moneda, que ancló el peso argentino al dólar a una paridad de 1 a 1. El aumento del déficit fiscal y la caída de las exportaciones por la falta de competitividad, llevaron al país a un callejón sin salida, hasta que la deuda pública estalló.Tras el ‘default’, el gobierno de Néstor Kirchner realizó una reestructuración de la deuda en 2005, y en 2010 se hizo otra por US$10.000 millones. En total, 93% de los que poseían esos bonos aceptaron la reestructuración. Pero desde 2004, los inversionistas que no ingresaron a esa negociación demandaron a Argentina exigiendo el pago del 100% del valor de los bonos. Y volvieron las dificultades.Reveses judicialesEl problema actual surge porque Argentina aceptó la legislación de Estados Unidos para dirimir los conflictos que pudieran surgir en el pago de esa deuda, y estableció al Bank of New York como agente a través del cual se realizaron los giros a los inversionistas que aceptaron la reestructuración.En febrero de 2012, el juez del Estado de Nueva York, Thomas Griesa, dijo que Argentina debía tener el mismo grado de cumplimiento con todas las personas y empresas poseedoras de los bonos y pagar intereses. En octubre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York ratificó la medida, diciendo que la Casa Rosada violó el “tratamiento igualitario” que debía a los dueños de los bonos en el marco de las reestructuraciones de deuda.Argentina argumentó que “no es un trato de igualdad que a los tenedores de bonos se les pague el interés completo, sin descuento, mientras que los otros tenedores aceptaron grandes descuentos a través de ofertas de canje”.Al mismo tiempo, la firma NML logró que la justicia de Ghana embargara la Fragata Libertad, el buque insignia de la Armada Argentina, embargo que tuvo que ser levantado porque los buques de guerra no admiten ese tipo de medidas.En noviembre, Griesa dispuso que Argentina debía pagar a sus acreedores el total de lo que se les debe, e instruyó al Bank of New York para que cumpla la sentencia, lo que significa que el dinero girado por Argentina para cancelar a los acreedores que aceptaron la reestructuración, podría ser embargado para pagar a los fondos, caso en el cual Argentina entraría en una cesación de pagos.La corte de apelaciones suspendió la medida de Griesa hasta el 29 de marzo, y el 1 de marzo pasado se pronunció exigiendo a la Argentina presentar un plan de pago para los demandantes. Los dueños de los bonos soberanos que aceptaron la reestructuración consideran que son “rehenes” en una disputa entre el Gobierno argentino y los fondos buitre de la que no son parte, ya que ellos aceptaron una reducción importante de sus acreencias. Ese lío sienta un gravísimo precedente en el caso de renegociaciones de deuda soberana, y una gran incertidumbre en la economía mundial.

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