Inflación y productividad, las claves de los gremios para negociar el mínimo de 2027

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2027 comienza a tomar fuerza. Mientras este viernes, 9 de octubre vence el plazo para que empresarios y trabajadores presenten sus aportes a la mesa técnica, los principales gremios económicos del país empiezan a definir sus posiciones frente al incremento que deberá concertarse en los próximos meses.

La mayoría de las organizaciones empresariales coincide en que el ajuste debe responder a criterios técnicos, principalmente la inflación y la productividad laboral. Bajo estos parámetros, las recomendaciones gremiales apuntan a un incremento de entre 8% y 9,5%, una cifra considerablemente inferior al aumento de 23,7% decretado para 2026.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que el ajuste debe corresponder a la inflación anual, más la ganancia en productividad laboral certificada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

“El ajuste no debe seguir una lógica de herramienta de política social”, afirmó Velasco, al insistir en la necesidad de mantener criterios técnicos en la negociación.

En la misma línea, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que el cálculo debe considerar la inflación efectiva y máximo dos puntos de productividad. Con estos elementos, estimó que el incremento para el próximo año estaría entre 8% y 9,5%.

Desde el sector agropecuario, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, pidió que la negociación se desarrolle sin populismo y tenga en cuenta los efectos del aumento aplicado este año. Según advirtió, un incremento desproporcionado podría elevar las tasas de informalidad laboral.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, también defendió que la discusión se concentre en la inflación y la productividad. La dirigente gremial señaló que las decisiones alejadas de estos parámetros pueden afectar la competitividad de una agroindustria caracterizada por sus niveles de formalización.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, manifestó que el ajuste de 2027 debe concertarse con base en estas dos variables y evitar que se repita el escenario del año anterior.

Transporte y otros sectores fijan sus límites

Las propuestas también muestran diferencias entre los sectores económicos. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, consideró que el aumento debería ser de máximo 8 %, mientras que Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, planteó un límite de 9,5 %.

Cuervo agregó que la negociación está condicionada por la decisión pendiente del Consejo de Estado sobre las demandas de nulidad contra el decreto que estableció el aumento salarial de 2026. Si el Alto Tribunal anula esa disposición, advirtió, cambiaría la base sobre la cual se discutiría el nuevo incremento.

Desde la industria de hidrocarburos, Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, defendió un equilibrio entre inflación y productividad para garantizar la competitividad y sostenibilidad empresarial.

Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, expresó que el sector espera que la Comisión Tripartita logre un acuerdo que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que también tenga en cuenta las consideraciones técnicas.

Fenalco insiste en la nulidad del decreto

La discusión salarial se desarrolla, además, en medio de la controversia jurídica por el incremento de 23,7 % establecido para 2026.

Fenalco reiteró ante el Consejo de Estado su solicitud de nulidad del decreto, al considerar que desconoció los parámetros previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Se espera que el alto tribunal se pronuncie durante este mes.

Entretanto, la Comisión Tripartita tiene previsto reunirse nuevamente el próximo 13 de octubre para analizar las propuestas de empresarios y trabajadores.

Aunque la negociación formal apenas comienza, las posiciones de los gremios anticipan un debate centrado en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los costos laborales, la generación de empleo formal y la competitividad de las empresas. La cifra definitiva dependerá del proceso de concertación y de las variables económicas que se tengan en cuenta durante la negociación.