Desorden en el recaudo de impuestos tiene en crisis al Valle del Cauca

El recaudo de impuestos por vehículos, licores y sobretasa a la gasolina acusa fallas. Buscan mayor fiscalización y control. ¿Hay salidas a la vista?

En abril del 2012 el propietario del vehículo de placas CPY 365 pagó en Cali $367.900 por concepto del impuesto automotor, pero sólo cuatro meses después –en julio pasado— ese pago fue registrado por el Centro de Diagnóstico Automotor, Cdav, en su base de datos.Asimismo, por falta de gestión y al dejarse vencer los términos de ley para el cobro de cartera morosa en el tributo a los vehículos, el departamento perdió $7.821 millones entre los años 2006 y 2007.Lo peor es que esta cartera —de acuerdo con la Contraloría Departamental— ya va en $33.218 millones, pero únicamente están en cobro coactivo $3.083 millones, apenas el 10% de la misma.Esta situación se repite en muchos otros casos, además de una errada liquidación de gravámenes, pues no se cuenta con un censo actualizado del parque vehicular que rueda por la región. Sólo existe el censo de la Secretaría de Tránsito de Cali compuesto por 333.621 vehículos. De las 18 secretarías de tránsito restantes no se tiene información. Asimismo, mientras el Departamento hace esfuerzos para rescatar las ventas de aguardiente Blanco, en almacenes de cadena y estancos se vende licor foráneo sin estampillas. Y el contrabando acosa duro.Esta última situación, más la falta de un verdadero programa de comercialización, han hecho que el fisco regional haya perdido el 50% del mercado del aguardiente en los últimos años por la 'inundación' –como lo admite el gobernador, Ubéimar Delgado— de licores de otros departamentos con los que no hay convenios.El Valle pasó de vender 19 millones de botellas de aguardiente en los años 1991 a 1993, a menos de 9 millones de botellas en el 2011 por líos con firmas comercializadoras contratadas. Estos son sólo algunos hallazgos que reflejan el desorden en que está sumergido hoy el manejo de las finanzas del Valle al carecerse de un sistema fuerte de fiscalización rentística, lo cual se ha convertido en una 'vena rota'.Es tal la magnitud de esa 'vena rota', que según el contralor Adolfo Eibar Sinisterra, entre los años 2007 y 2011, se dejaron de recaudar impuestos por $94.862 millones, dineros que hubieran servido para programas en la región.Únicamente por impuestos al consumo de vinos, rones, refajos y otros licores, las arcas dejaron de recibir s $54.000 millones entre 2007 y 2011, según ese ente de control. “Esto contribuyó a la crisis financiera que vive el departamento”, dice Sinisterra.El caos rentístico, la acumulación de deudas, demandas y embargos, fue responsable de que el departamento se hubiera acogido en mayo pasado a la Ley 550. Fue un salvavidas para proteger sus alicaídas rentas.Cifras inciertasAunque se ha mencionado que el pasivo del departamento podría estar en $560.000 millones, y sobre cuya base se negocia con los acreedores en el marco de la Ley 550, estas y otras cifras son consideradas como inciertas.Todo por que no se tiene la certeza del tamaño de los verdaderos ingresos tributarios y no tributarios. Y cuántos de esos recursos se dejan de recaudar, o se enredan por otras vías.Dentro del presupuesto del 2013 se proyectan $503.152 millones en ingresos tributarios y $115.837 millones no tributarios. La suerte de esos recursos dependerá de la reingeniería rentística que prevé adelantar la actual administración. Aún sí, hay muchas dudas. Según Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas, Cienfi, de la Universidad Icesi, “las cuentas del departamento no son claras, porque no se sabe cuánto, ni a quién le debemos. Además los ingresos son inciertos”. Por ello anota, “nuestro ente territorial vive la peor crisis financiera de su historia”.En ello coincide el ex gobernador Francisco Lourido —quien estuvo 16 meses al frente de los destinos regionales— al señalar que “el manejo de las rentas del departamento trae un rezago de muchos años y un bajo crecimiento del recaudo por la falta de políticas más agresivas, como una eventual privatización, en el tema de los licores”.El secretario de Hacienda encargado, José Alonso Cruz, anota que la propia Ley 550 permite crear entidades como el Departamento Administrativo de Rentas, tras considerar que las críticas son injustas.“Estamos haciendo las cosas bien para adelantar una reingeniería de las rentas del Valle del Cauca. Y superar el desgreño administrativo que ha tenido el departamento en la mayoría de sus dependencias”, anota.Una solución cuestionadaPara atacar la corrupción y el desgreño rentístico, entre otras cosas, la administración del gobernador Ubéimar Delgado, puso en marcha una reforma administrativa.En esa reforma se estipula la creación del Departamento Administrativo de Rentas, en reemplazo de la actual subsecretaría de rentas, organismo que el secretario saliente de Hacienda, Javier Roldán, aseguró que “será para crear burocracia”.El gobernador Delgado y su secretario de Hacienda encargado, José Alonso Cruz, defienden esa nueva entidad, ya que se pasará de ejercer fiscalización a través de contratistas, a una planta de personal conformada por profesionales especializados.Hoy, la subsecretaría de rentas tiene 102 funcionarios, de ellos 66 contratistas.Al analista y consultor Mauricio Cabrera no le suena esa nueva entidad. “No tiene sentido porque el departamento está en un ajuste bajo la Ley 550 y ello sería elevar los gastos de nómina”. Advierte que un acuerdo con los acreedores podría empantanarse con el Ministerio de Hacienda.