Contraloría pidió abrir investigación a diez EPS por fijar precios

La contralora general, Sandrá Morelli, informó que el daño fiscal sumaría $1,8 billones.

A la crisis de la salud en el país le siguen surgiendo más líos. Sin que todavía haya una solución de fondo al tema de la insolvencia económica que afrontan Empresas Promotoras de Salud (EPS) y hospitales y clínicas (IPS), ahora ‘reventó’ otro problema. Un presunto acuerdo entre algunas EPS para firjarle precios a medicamentos y recobros al Fosyga.En razón a ello, la contralora General de la República, Sandra Morelli, abrió un proceso por la presunta responsabilidad fiscal en la que incurrieron Sanitas, Saludcoop, Cormedica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SuSalud, Cruz Blanca, Cafesalud y Compensar por concepto de recobros.Como se recordará, los recobros son facturas que las EPS presentan al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) para que les sean pagadas por medicinas, servicios médicos y procedimientos clínicos no contemplados en el llamado Plan Obligatorio de Salud, POS. El Fosyga, luego de comprobar su veracidad, paga la cuenta a la EPS, o en caso contrario la frena.¿Un cartel de EPS? Morelli señaló que la responsabilidad fiscal en la que eventualmente habrían incurrido las EPS es “consecuencia de la conducta que fue identificada en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que dio lugar a que se hablara en esa providencia de un cartel de las EPS para ponerse de acuerdo en los precios de los medicamentos y recobros”.Agrega que “la Contraloría concuerda con lo afirmado por la Superintendencia”. La cuantía asciende a $1,8 billones por lo que el ente de control considera que se causó un daño fiscal, “porque se incrementó un costo a cargo del recurso público en la prestación del servicio de salud”. El proceso se inicia, de acuerdo con Morelli, “contra las personas que lideraron y aprobaron ese acuerdo cuya recurrencia investigó la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que en algunos casos eran los representantes legales de las EPS”. Los acuerdos restrictivos de la competencia tienen que ver con consensos en las empresas con miras a la exclusión de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS), que ya habían sido cubiertos financieramente por vía de la Unidad de Pago por Capitación.Adicionalmente, se afectó la transparencia en el mercado de aseguramiento en salud, indicó la Contraloría. Esa información debía reportarse a los entes regulatorios para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y de notas técnicas, pues es una información esencial para competir en el mercado.Es de anotar que El País consultó a la EPS Coomeva sobre el asunto, pero fuentes de la entidad indicaron que cualquier pronunciamiento se haría en próximos días, una vez se estudie el tema.La Contralora anunció, además, que encontró responsable, en primera instancia, a Caprecom por el no pago de servicios de atención al hospital público Hernando Moncaleano, de Neiva, Huila. Remitía usuarios del régimen subsidiado pero no realizó el pago en cinco años.