Conjuntos residenciales: ley impone multas por pago obligatorio que muchos propietarios olvidan hacer

Los propietarios que viven en edificios y conjuntos residenciales en Colombia deben prestar atención a una obligación económica que suele pasar desapercibida y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones financieras. Se trata del pago de las cuotas extraordinarias de administración, una figura contemplada dentro del régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 675 de 2001.

De acuerdo con la normativa, quienes habitan inmuebles sometidos a propiedad horizontal están obligados a cumplir las disposiciones que regulan la convivencia, la administración y el mantenimiento de las zonas comunes. La ley define este régimen como una forma especial de dominio en la que coexisten derechos exclusivos sobre bienes privados y derechos compartidos sobre bienes comunes.

El artículo 25 de la Ley 675 establece la obligación de determinar los coeficientes de copropiedad y fija la participación de cada propietario en las expensas comunes del edificio o conjunto. Estas contribuciones incluyen tanto las cuotas ordinarias como las extraordinarias de administración.

¿Qué es una cuota extraordinaria?

Las cuotas extraordinarias corresponden a cobros adicionales a las cuotas ordinarias y tienen como finalidad atender necesidades específicas o imprevistos de la copropiedad. Entre los ejemplos en los que se aplica se encuentran trabajos de pintura de fachadas, reparación de cubiertas y otras intervenciones especiales requeridas para el mantenimiento de las instalaciones.

La ley señala expresamente que son los propietarios quienes deben asumir estos pagos cuando sean aprobados y exigidos por la copropiedad. Por ello, la omisión en el cumplimiento de esta obligación puede generar consecuencias económicas para los deudores.

Uno de los principales efectos del incumplimiento es la generación de intereses de mora. El artículo 30 de la Ley 675 dispone que el retraso en el pago de las cuotas comunes causará intereses equivalentes a una vez y media el interés bancario corriente certificado por la autoridad competente, salvo que la asamblea establezca una tasa inferior conforme al reglamento de propiedad horizontal.

Además de los intereses, la normativa contempla mecanismos para dejar constancia de la morosidad; los administradores están facultados para registrar en las actas de la asamblea general a los propietarios que se encuentren en mora con sus obligaciones económicas frente a la copropiedad.

La advertencia cobra relevancia para miles de residentes de conjuntos y edificios residenciales, especialmente en momentos en que las copropiedades requieren recursos adicionales para ejecutar obras de mantenimiento o atender gastos extraordinarios.

El llamado de las administraciones es a mantenerse al día con estas obligaciones para evitar sanciones financieras y otras consecuencias previstas en el régimen de propiedad horizontal.

De esta manera, se evitan intereses de mora, procesos de cobro y otras consecuencias contempladas en la Ley 675 de 2001 para quienes incumplan con las obligaciones económicas derivadas de la administración y conservación de los bienes comunes.