Reacciones encontradas sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

En medio de las dudas sobre su constitucionalidad, este viernes se conocieron más reacciones a la aprobación del acto legislativo que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en el país y que ha sido calificado como histórico.

“Con la cadena perpetua estamos diciendo que, como sociedad, no aceptamos tratos degradantes hacia los niños; se trata de una sanción drástica, y en muchos sentidos dramática, pero más dramático es que violen y asesinen a nuestros niños”, afirmó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia al constatar el resultado de la votación del jueves en la noche.

De igual forma, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe escribió en Twitter: “Proyecto del presidente Duque, en memoria de Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores de niños (delito destructor del ser, de la familia y de la sociedad)”.
​
Sin embargo, el Colegio de Abogados Penalistas, liderado por Iván Cancino, ratificó que demandará ante la Corte Constitucional la decisión aprobada con 70 votos a favor.

Lo anterior debido a que, por tratarse de un acto legislativo, la nueva norma no será objeto de revisión inmediata por parte del alto tribunal sino que este deberá esperar a que la validez jurídica de la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores sea cuestionada oficialmente por algún ciudadano.

Lea además: Los temas políticos que la pandemia ha dejado en segundo plano en el Congreso

Según han explicado varios juristas en los medios de comunicación, las dudas apuntan a que la nueva iniciativa sea sustitutiva de la Constitución o vaya en contravía de los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna de Colombia.Lo cierto es que el jueves en la noche terminó un camino que empezó a recorrerse desde 1991, año después del cual al menos en 18 ocasiones se intentó castigar con la cadena perpetua a los violadores y abusadores de niños.

En 2009, incluso, se intentó promover un referendo para cambiar la Constitución en ese sentido, pero, aunque fue aprobado por el Congreso, la Corte lo declaró inexequible por vicios de forma en su convocatoria.

La fallecida concejal de Bogotá Gilma Jiménez fue la principal impulsora de la iniciativa, bandera que fue heredada por su hija, Yohana Jiménez, quien impulsó un nuevo referendo sin lograr recoger las firmas suficientes para llevarlo ante la Registraduría.

Sin embargo, siendo candidato a la Presidencia, Iván Duque se comprometió a sacar adelante el proyecto.

Lea además: Los temas políticos que la pandemia ha dejado en segundo plano en el Congreso

Tras seis meses de estar pendiente de lograr ser conciliada, ayer pasó a la sanción presidencial una de las propuestas inicialmente incluidas en la Consulta Anticorrupción: la ley de los pliegos tipo.

El proyecto había sido conciliado la semana pasada en el Senado, pero el pasado miércoles se aplazó su votación en la plenaria.

La iniciativa plantea que las entidades públicas deberán adoptar este modelo de contratación, con el cual se da fin a los llamados ‘pliegos sastre’, es decir la forma como se fijaban unos modelos iguales para beneficiar a los mismos contratistas.

El representante conciliador, Buenaventura León, explicó que la ley señala que Colombia Compra Eficiente será la entidad encargada de redactar los documentos de los pliegos de tipo, la cual fijará su cronograma para incorporarlos.

El congresista sostuvo además que en todos los pliegos tipo que se harán en adelante tendrán como referencia la economía local y las características de la región.

Sin embargo, en el texto final no quedó incluido un artículo que se había aprobado con respecto a la forma en que debía ser elegido el director de Colombia Compra Eficiente, quien tendrá la capacidad de orientar cómo debe ser la contratación pública en el país.

Por su parte, la representante a la Cámara Juanita Goebertus sostuvo que los pliegos tipo no van vulnerar la autonomía regional, como lo determinó en un fallo reciente la Corte Constitucional.

De opinión diferente es el representante Jorge Méndez, quien explicó que la misma sí afectará a las regiones, pues solo permitirá que desde Bogotá los grandes contratistas redireccionen la forma cómo deben hacerse esas contrataciones.

Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, esta ley “es un paso importante en la dirección hacia la lucha contra la corrupción, puesto que con ella “se le pone coto a la manipulación de los pliegos de condiciones y su efecto redunda en una mayor pluralidad de oferentes”.