¿La entrega de bienes de la Farc fue un 'canto a la bandera'?

El próximo 31 de julio vence el plazo para que la antigua guerrilla de las Farc entregue al Estado colombiano sus bienes con el fin de reparar las víctimas del conflicto armado.

El plazo quedó establecido en el Decreto 205 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el camino puede ser más difícil de lo que parece y esta normativa podría quedar como un simple mecanismo de presión.

El problema, según lo explicó el mismo consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, es que en el inventario que entregó la exguerrilla el 15 de agosto de 2017, como parte de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz con el Estado, no quedó establecida la forma y los plazos en los que los exintegrantes de las Farc debían cumplir con la entrega.

Por esta razón, si bien el Gobierno tiene derecho a ejercer presión para que esto suceda, la diligencia podría tardar más de lo establecido en el Decreto. No obstante, Archila aseguró que si no cumplen con la fecha límite establecida, se notificará a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Lo que no es claro es qué tipo de sanciones podrían tener los firmantes de la Paz si el 31 de julio no hay una entrega total de dichos bienes.

Al respecto, el analista Andrés Macías manifestó que el Gobierno está en la obligación de hacer todos los procesos legales con las Farc, porque es su deber cumplirle al Estado y a las víctimas con la entrega de bienes a los que se comprometieron.

“El Decreto es un ejercicio de presión, claramente. Este documento no está por encima del Acuerdo, pero ahí podría haber una disputa legal sobre qué sería más prioritario, si el Decreto o el Acuerdo, pero sin duda es un ejercicio de presión”, agregó.

A través de un comunicado, el partido Farc rechazó el plazo dado por el Gobierno Nacional para entregar sus bienes y señaló que ha tenido toda la disposición de cumplir el Acuerdo de Paz.

Por lo cual, más bien, los reincorporados le pidieron al Ejecutivo que ajuste los procedimientos institucionales a la necesidad de construir paz en los territorios.

Ademas, advirtieron que las autoridades no han tomado posesión de varios bienes, “lo que facilita el extravío, la pérdida o la usurpación de los mismos”.

“Nuestro delegado Pastor Alape, el 15 de febrero del 2018, solicitó medidas cautelares al Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para la protección y aseguramiento urgente de los bienes y activos incluidos en el inventario de recursos entregado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, debido a que hasta ese momento, e incluso hasta hoy (15 de febrero de 2020) el Estado colombiano no ha tomado posesión de ellos”, manifestó la colectividad.

Para la también analista Diana Avellaneda, con el rechazo de los exguerrilleros al ultimátum del Gobierno no hay posibilidad de que para el 31 de julio se haga efectiva la entrega de todos los bienes porque, además, los excombatientes señalan que no han tenido las condiciones para hacerlo, como lo establece el Acuerdo de Paz.

“Hay que tener en cuenta que previamente las Farc han hecho entrega de algunos bienes, sin embargo, tampoco hay claridad de qué va a pasar con estos bienes, porque se supone que se utilizarían para la reparación de las víctimas, pero los hechos de corrupción en el país también impiden que se pueda creer que, efectivamente, esto va a ser así”, señaló.

Las Farc aseguraron haber entregado el 63 % del oro, así como del 12,3 % de los muebles y enseres. También el 60,6 % de los semovientes, representados en 229 animales.

De igual forma, la antigua guerrilla reconoce que el avance más lento corresponde a inmuebles, donde solo se ha hecho efectiva la cesión de un 4,4% de los mismos.

El consejero Archila aseveró que en 2017 las Farc dijeron que tenía bienes por $1 billón.

“De esos, $500.000 millones son bienes que nunca hubieran podido ser monetizados porque se trataban de carreteras, valoración de campañas de vacunación y cosas por ese estilo. Entonces quedan $500.000 millones, de los cuales solo se han podido monetizar un poco más de $3000 millones”, indicó el funcionario.

Con el fin de rechazar el asesinato de excombatientes, el partido Farc convocó a un cacerolazo para hoy, a las 6:00 p.m., en el Parque de los Periodistas, de Bogotá.

A propósito de estos hechos, ayer la Comisión de Paz del Congreso anunció la creación “de una Comisión de Alto Nivel que se dedique, exclusivamente, a realizar el seguimiento a las amenazas, riesgos y asesinatos de cerca de 186 reincorporados de las Farc, con el fin de evitar que estos lamentables hechos sigan sucediendo”.

La Comisión de Paz también informó que el próximo viernes 28 de febrero hará una audiencia  pública en el municipio de La Playa, en la región del Catatumbo, para analizar la situación de orden público en la zona y la ausencia del Estado en este territorio.