¿Y el proceso de paz? ONU denunció aumento de masacres en Colombia a pesar de treguas con las guerrillas

Colombia registró 52 masacres durante el primer semestre del 2023, un aumento del 11% frente al mismo periodo del año anterior, a pesar de las treguas que el Gobierno ha pactado este año con varios grupos armados, según un balance presentado por Naciones Unidas este martes.

“En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, dijo la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, durante la presentación del informe sobre la situación humanitaria del país, en Bogotá.

Las masacres --definidas por la ONU como el asesinato de tres o más personas indefensas en un mismo lugar-- dejaron 168 muertos durante el primer semestre del año, 19 de ellos menores de edad.

El presidente Gustavo Petro anunció la víspera de año nuevo un cese al fuego bilateral de seis meses con los cinco principales grupos armados que operan en el país.

La tregua fue rechazada pocos días después por la guerrilla del ELN, que retomó las hostilidades en enero y finalmente acordó un cese al fuego que empezó a regir el 3 de agosto, como parte de las negociaciones que adelanta con delegados del ejecutivo en Venezuela.

De otro lado, las violaciones a la tregua por parte del banda narco del Clan del Golfo y una facción disidente del pacto de paz que desarmó a las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC) llevaron al gobierno a suspender por completo la tregua con el primer grupo y a levantar el alto al fuego en cuatro regiones del sur del país con el segundo.

Como parte de su política de Paz Total, Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, busca desmantelar los grupos armados por medio del diálogo. Pero la oposición denuncia que los ilegales han aprovechado esta oferta para fortalecerse y atacar a la fuerza pública.

Cuatro policías murieron el fin de semana el suroeste del país en ataques atribuidos al EMC. La ONU pidió al gobierno “hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad”.

También valoró el hecho de que los asesinatos de defensores de derechos humanos hubieran caído 19% frente al semestre anterior. Sin embargo, los 46 casos registrados durante el primer semestre de 2023 son “intolerables”, según De Rivero.

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, vive un conflicto de seis décadas que enfrenta narcotraficantes, guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales.

Trabajo de la ONU en el Chocó

La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su participación en la atención y monitoreo de la crisis humanitaria y de derechos humanos en las comunidades de San Miguel, Noanamá y Negría, ubicadas en el Medio San Juan, departamento de Chocó. Esta labor se ha llevado a cabo en una misión conjunta entre la ONU, Ocha Colombia, Heartland Alliance International, el Consejo Comunitario del San Juan y el Foro Interétnico.

A través de sus redes sociales, la ONU compartió información relevante sobre las condiciones en las que se encuentran las comunidades del río San Juan, Cajón y Sipí, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados no estatales. Estos enfrentamientos han provocado abusos de derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, generando un impacto significativo en la población civil.

Entre las pruebas de estos abusos se encuentran los desplazamientos forzados, el confinamiento de las comunidades, los ataques indiscriminados contra la población civil y otras formas de violencia. Estas acciones se han configurado en sufrimiento y empobrecimiento de los habitantes nativos, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes. Además, se han registrado graves daños al territorio.

Ante esta situación, la ONU ha hecho un llamado y exigido a los grupos armados no estatales que cumplan con su obligación de no generar daños ni afectaciones a la población civil, incluyendo la prohibición del reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años. En este sentido, recordaron que las escuelas, los centros de salud, los templos y otros bienes civiles están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.