Violencia contra firmantes de paz no se limita a asesinatos: informe de la JEP revela otras graves afectaciones

La violencia contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc continúa representando un obstáculo para su reincorporación a la vida civil. Un informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que el 17 % de los excombatientes que dejaron las armas han sido asesinados o terminaron con otras graves afectaciones a sus derechos humanos.

Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, explicó durante la Audiencia Nacional de Seguimiento de la Medida Cautelar de Protección a Comparecientes que se realizó este jueves, que no solo registran asesinatos de excombatientes, ya que también hay casos de desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos, entre otras medidas violentas.

De acuerdo con el informe, 533 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados entre el primero de diciembre de 2016 y el 30 de octubre de 2026. A estos crímenes se suman 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 casos de desaparición forzada y 34 de secuestro.

“Los excombatientes de las FARC podrían ser el grupo de desmovilizados más afectado por la violencia en la historia de los procesos de paz adelantados en Colombia”, señaló la JEP.

Según explicó Álvarez Santoyo, de los 13.200 integrantes de las FARC que dejaron las armas, el 4 % ha sido víctima de homicidio y otro 13 % ha sufrido otras graves afectaciones. En conjunto, el porcentaje alcanza el 17 %.

En cuanto a los presuntos responsables de los homicidios, la investigación identificó principalmente a estructuras de las disidencias de las FARC, seguidas por el Clan del Golfo y el ELN.

La JEP señaló que el perfil de las víctimas muestra que el 98 % eran hombres, el 85 % tenía origen campesino y el 9 % pertenecía a comunidades afrodescendientes. Asimismo, el 67 % había nacido o expedido su documento de identidad en el mismo municipio donde fue asesinado y el 25 % desempeñaba algún papel de liderazgo en el posacuerdo, especialmente en procesos de reincorporación y proyectos productivos, mientras que el 13 % había participado en actividades de aporte a la verdad ante la JEP.

El comportamiento anual de los asesinatos muestra que los años más críticos fueron 2018 y 2019, cuando se registraron 68 y 91 homicidios, respectivamente. Posteriormente, la cifra descendió hasta llegar a 33 casos en 2024, pero volvió a aumentar en 2025, con 46 víctimas. Al 30 de octubre de 2026, la cifra era de 18 firmantes asesinados.

Para el director de la UIA, las medidas cautelares de la JEP y las decisiones de la Corte Constitucional han contribuido a mejorar las condiciones de protección, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en las investigaciones. Sin embargo, advirtió que la reducción de los homicidios no significa que hayan desaparecido las amenazas.

Entre los factores que mantienen el riesgo están las disputas entre grupos armados, los intentos de reclutamiento a antiguos combatientes. Quienes se niegan pueden convertirse en objetivos de ataques. En otros casos, son asesinados por la simple sospecha de que podrían colaborar con organizaciones rivales.

Además, el informe identificó discursos de odio e incitaciones al exterminio de los firmantes del Acuerdo de Paz en las redes sociales. La JEP afirmó que halló 233 cuentas que, entre 2018 y 2026, difundieron mensajes hostiles o llamados a la violencia contra los antiguos integrantes de las FARC.