SuperSalud advierte posibles irregularidades en intervención de Nueva EPS y cuestiona designación de Jorge Iván Ospina

La decisión del presidente Gustavo Petro de designar al exalcalde de Cali y médico Jorge Iván Ospina Gómez como nuevo interventor de la Nueva EPS sigue generando polémica en la nación.

Esta vez, la Superintendencia de Salud remitió a la Procuraduría General de la Nación un documento en el que informa de unas presuntas irregularidades en la prórroga de la intervención administrativa a la Nueva EPS.

El documento, firmado por la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, señala que en el proceso se habrían omitido controles internos y que existirían dudas frente al cumplimiento de requisitos por parte del agente interventor designado.

Entre los puntos cuestionados se encuentra el procedimiento utilizado para extender la intervención. Según el informe, aunque el Comité de Aseguramiento recomendó mantener la medida por un año adicional, la solicitud enviada al Ministerio de Salud no habría recibido respuesta dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con la normativa vigente, en ese escenario debía convocarse a la asamblea de accionistas de la EPS para designar nuevos directivos y un revisor fiscal. No obstante, el proceso habría seguido otro curso.

El documento también advierte que, en lugar de surtir ese trámite, se habría solicitado al comité correspondiente evaluar la hoja de vida de Jorge Iván Ospina, lo que derivó en su designación como agente interventor, pese a que, según las observaciones, el tiempo para definir la prórroga ya habría expirado.

Cabe recordar que la Nueva EPS está bajo intervención del Gobierno desde el 2024, fecha en que la Supersalud tomó la decisión basada en los problemas financieros y de prestación de servicios que la entidad venía arrastrando de tiempo atrás.

En abril de 2025, la Superintendencia extendió la intervención forzosa por un año adicional porque los motivos por los que se había iniciado el mecanismo no habían sido corregidos.

Y este año pasó, el pasado 3 de abril, y los factores que provocaron la intervención siguen existiendo e incluso se han agravado, y el Gobierno sigue sin pronunciarse sobre cuál va a ser el futuro de la entidad.

Dado que esta es la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, y el Gobierno busca trasladar a ella aún más afiliados que se encuentran en EPS más pequeñas y que en muchos casos también están intervenidas, es impensable que el Gobierno tomara la decisión de finalmente liquidarla.

Y, aunque tampoco es probable que el Gobierno la devuelva a sus antiguos administradores, si su intención es prorrogar la intervención, ha debido hacerlo antes de que se venciera el plazo para evitar este limbo que ya se ha extendido por una semana.

A esta situación se suma la falta de información acerca de los estados financieros de la Nueva EPS. Aunque es de conocimiento público que todas las EPS atraviesan un momento difícil en materia financiera y operativa, la realidad de la Nueva EPS se desconoce.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación exigió a la Supersalud claridad sobre la situación administrativa, financiera y tecnológica de la Nueva EPS. Según el Ministerio Público, no existen estados financieros oficiales actualizados desde el año 2024.

La ausencia de información financiera pone en entredicho los resultados de la intervención del Gobierno; contrario a esto, las organizaciones de pacientes señalan que la operación de la Nueva EPS se ha deteriorado.

*Con información de Colprensa.