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“Seguimos con los mismos vicios electorales”, directora de la MOE

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dice que los problemas de la parapolítica y el narcotráfico se regionalizaron.

6 de julio de 2011 Por: Fenner Ortiz R.| Reportero de El País

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dice que los problemas de la parapolítica y el narcotráfico se regionalizaron.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, habla sin rodeos. Tiene claro que en Colombia se legisla para evitar lo que ya pasó, tal y como sucedió con la Reforma Política de 2009 y la ley estatutaria que la reglamentó, en las que se vincularon temas que buscan prevenir, a futuro, que hechos como la parapolítica no se repitan en el país.Barrios, quien hizo parte a finales de los 80 y principios de los 90 de la movilización estudiantil que le dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente, dice que en el actual proceso existen unas líneas trazadas en materia de vicios electorales. “Si uno mira la Costa Caribe es una zona cuya línea que conduce este proceso electoral sigue siendo el tema de la parapolítica; cuando uno mira Putumayo, Nariño, Valle, Cauca, Risaralda, Caldas, la línea conductora es el narcotráfico y así con cada región”, comenta.Agrega que las irregularidades siguen vigentes, la compra venta de votos, la trashumancia y la violencia contra los candidatos se presentan en el país, pero es optimista que en Colombia ya no se mira el proceso de manera superficial, sino que hay más veeduría para destapar la ilegalidad.¿Hay garantías para las elecciones? En estos momentos no hay hechos tan contundentes que hagan pensar que ha ocurrido algo muy fuerte en la cultura política colombiana como para ver un cambio de fondo de comportamiento. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos una nueva ley estatutaria que ya tiene un fallo de la Corte Constitucional y con ella llega un tipo de sanciones que cobijan no solamente a los candidatos sino a los partidos, es decir que eso ayuda a poner en orden todo eso que venía ocurriendo con el tema de la parapolítica. Hay una responsabilidad política por parte de los partidos, que antes no estaba y se establecen lineamientos que tienen que cumplir los partidos para poder democratizarlos.Y, ¿los vicios?Seguimos viendo, más o menos, los mismos vicios. Nosotros observamos el proceso de inscripción de cédulas y encontramos compra de formularios, traslado de ciudadanos a los puestos de inscripción, también se vieron ofreciendo bienes y servicios a cambio de la inscripción de cédulas, trashumancia electoral, transporte de personas de la tercera edad, usuarios de servicios sociales, a puestos de votación.Lo que comenzamos a ver fue que seguimos con el mismo tipo de costumbres.¿Hay garantías de seguridad?Hay unos registros muy altos de asesinatos. Los departamentos donde más violencia política hay, lamentablemente, son el Valle del Cauca, le sigue Antioquia; donde más se presentan casos de amenazas es en Arauca, donde más asesinatos es en el Valle del Cauca, el primer asesinato se dio en Antioquia y, en el Meta, de manera satisfactoria estamos registrando que ha bajado la presión contra los posibles candidatos.Sobre lo que usted dice ¿no han funcionado las reformas políticas?Tenemos un Código Electoral anterior a la Constitución, eso nos señala todo el destiempo de normas que tenemos.En realidad ha habido tres grandes reformas, la de la reelección que si bien es sólo un ‘articulito’ cambia toda la organización del sistema, pero también están la del 2003 y la del 2009.Cada una de estas reformas lo que hace es tratar de solucionar problemas que ya se presentaron, aquí no adecuamos el sistema electoral pensando en los problemas que pueden venir.Por ejemplo, la última reforma, la del 2009 que es la de la ley estutaria, está construida casi que con el objetivo de impedir la parapolítica o la alianza de grupos armados ilegales con la política, eso era todo lo que se había pedido antes, pero eso ya ocurrió. Entonces, se construye para evitarlas a futuro, pero no se ven otros temas y absorben a los que lo hicieron, lo que deriva que hoy los partidos políticos no tienen responsabilidad porque es hacia adelante.Temas muy importantes como la lista abierta o cerrada. Esa es una discusión de fondo, lo que tenemos hoy son operaciones avispa organizadas, cada candidato de un partido es una campaña, él solo que se financia. Son microempresas bajo un mismo toldo.Se busca fortalecer los partidos, pero en lugar de hacerlo lo que se logra es que se han creado unas grandes cercas, en las que salir o entrar se ha vuelto casi imposible y donde a los grupos significativos de ciudadanos se les incrementan las pólizas. Es decir, la foto quedó mal tomada en las elecciones del año pasado, porque muchos de los que están hoy en un partido quieren irse a otros. Les encantaría un articulito de transfuguismo que les permitiera cambiar.¿Se han dado tumbos legislativos en materia electoral?A ratos se están poniendo normas absolutamente rígidas que meten en corset el sistema partidista colombiano y vale la pena mirar los efectos a largo plazo, más cuando hay inconformismo al interior de los mismos partidos.Entonces, ¿qué está pasando?En estas elecciones hay zonas que están cruzadas con diferentes características muy disímiles. Si uno mira, la Costa Caribe es una zona cuya línea que conduce este proceso electoral es la parapolítica; cuando uno mira Putumayo, Nariño, Valle, Cauca, Risaralda, Caldas, la línea conductora es el narcotráfico y así con cada región, cuando va a una parte del Uraba chocoano-antioqueño vamos a encontrar líneas de tierras y el asesinato a líderes. Entonces las distancias que se ven se puede casi que regionalizar el proceso electoral y ver el hilo conductor.¿Hay indicios sobre que los políticos ya utilizan la Ley de Víctimas y de restitución para su proselitismo?Voy a poner de ejemplo el Urabá a los que se elijan en esas zonas van a tener el liderazgo para el tema de restitución de tierras y van a marcar la mirada. Es ahí donde comienza a ser muy delicado el tema, quien vaya a ser alcalde va a estar muy ligado con el tema, ellos van a tomar la decisión de si acogen a quienes se les van a restituir las tierras como unos hijos que retornan o como unos invasores que están quitando la propiedad a un otro.

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