Santiago Alcocer, primo de Verónica Alcocer, defiende la legalidad de millonarios contratos con vehículos para la UNGRD

En medio de la polémica en la que se encuentra Verónica Alcocer, tras las recientes declaraciones de Eva Ferrer, la exasesora presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, el círculo de la exprimera dama también está salpicado de otras controversias.

Esta vez, Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y primo de la exprimera dama, está envuelto en cuestionamientos sobre unos convenios que suscribió con su empresa Country Motors S.A. en distintas entidades del Estado, según reveló El Tiempo.

Todo comenzó cuando medios nacionales revelaron que a finales de 2024, Country Motors le vendió 40 vehículos, por un valor de cerca de 29.000 millones de pesos, a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú, los cuales terminaron adaptados y comercializados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante los cuestionamientos, Alcocer Vélez aclaró que su empresa no suscribió contratos directamente con la UNGRD, sino que vendió los vehículos a un proveedor externo de esa entidad. También afirmó que la compañía ha colaborado con la Fiscalía en las actuaciones relacionadas con el caso.

Cabe destacar que el exrepresentante de Yapurutú, Francisco Estupiñán, aceptó cargos en agosto por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos cuando estaba al margen de la entidad.

Pero este no ha sido el único contrato que tuvo este concesionario de automóviles, ya que su historial de concesiones incluye acuerdos con otras instituciones públicas. Entre ellos figura un contrato por $849 millones con el Sena, regional La Guajira, firmado en diciembre de 2025 para adquirir vehículos destinados a un proyecto de acceso al agua y restauración de aerobombas en comunidades indígenas wayúu.

Adicional, en junio de 2024 figura un contrato por 1.030 millones de pesos con la Gobernación de Bolívar, para la dotación de automotores a la Fuerza Pública. También llevó a cabo un acuerdo de mantenimiento preventivo con la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar en abril de 2024, y un convenio menor con la Alcaldía de Dibulla en agosto de 2023.

Respecto a la celebración de estos contratos, Santiago Alcocer defendió la legalidad de sus operaciones, asegurando que participaron en licitaciones abiertas a través de la plataforma Secop II como parte de su actividad comercial habitual durante más de dos décadas.

“Sobre ese punto no tengo ninguna opinión e información al respecto. Ninguna autoridad me ha citado y no tienen por qué hacerlo”, señaló Alcocer Vélez al desvincularse de los señalamientos de Eva Ferrer en referencia a presuntas redes de testaferrato y manejos irregulares en el entorno familiar de la expareja de Petro.

Asimismo, negó tener propiedades o residencia en Miami y restó importancia a su relación con Carolina Plata, al asegurar que solo coincidió con ella en un evento social en Cartagena.

Ferrer afirmó en entrevista con Semana que Verónica Alcocer controlaba nueve entidades durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y eran: ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex.

Además, la mujer aseguró que Alcocer intentó extender su alcance en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su primo, Mario Fernández Alcocer, y el entonces representante Agmeth Escaf.