Reporte de Estados Unidos habla de los nuevos grupos criminales en Colombia

La ley que promovió la desmovilización paramilitar enfrenta aún muchos retos, incluido el que miles de paramilitares permanecían en un limbo jurídico y han formado nuevos grupos criminales que se alimentan del narcotráfico.

La ley que promovió la desmovilización paramilitar enfrenta aún muchos retos, incluido el que miles de paramilitares permanecían en un limbo jurídico y han formado nuevos grupos criminales que se alimentan del narcotráfico, indicó el viernes el Departamento de Estado en su informe anual 2010 sobre derechos humanos en Colombia. "La aplicación de la ley continúa encarando muchos retos, incluyendo el que miles de exmiembros del paramilitarismo permanecen en un limbo jurídico, y hubo pocas tierras y dineros confiscados a los jefes paramilitares", dijo el Departamento de Estado en el capítulo de 59 páginas dedicado a Colombia. Además resaltó que desde la implantación de la llamada 'Ley de Justicia y Paz', en 2005, sólo se han producido tres sentencias condenatorias contra miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o el paraguas que agrupó a las bandas paramilitares. Los grupos no gubernamentales "y las víctimas critican el lento ritmo del proceso (judicial), mientras la Fiscalía General de la Nación afirmó que la presión por revelar toda la verdad detrás de los crímenes de los paramilitares retrasa la judicialización" de los responsables. La ley fue aplicada básicamente a los líderes de esos escuadrones de la muerte y al menos 17.500 de sus miembros de bajo rango quedaron en un limbo jurídico, con el riesgo de que los tribunales ordenaran su arrestos y no disfrutaran de los beneficios de la ley --que da máximo ocho años de cárcel si confiesan todos los crímenes y se entregan los bienes mal habidos -- porque la Corte Suprema de Justicia puso en el 2010 en duda el estatus político dado a los paramilitares y calificó sus crímenes como delitos comunes. Ya el gobierno del presidente Juan Manuel Santos consiguió que el Congreso aprobara un proyecto de ley que faculta a la Fiscalía para suspender las órdenes de captura contra esos más de 17.000 desmovilizados. El gobierno de Santos, quien retornó a Bogotá la noche del jueves de una visita de tres días a Nueva York y Washington, no se pronunció de inmediato sobre el informe de Estados Unidos. Sin embargo, la víspera, en una conferencia de prensa en Washington, Santos ratificó el compromiso de su gobierno con hacer respetar los derechos humanos. "Nosotros creemos en una democracia que garantiza los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. Hay ciertos sectores que han sufrido especialmente la violencia. Estamos empeñados en proteger esos sectores vulnerables", dijo Santos el jueves. El mandatario se encontraba el viernes reunido con su gabinete en la casa de gobierno. El Departamento de Estado, que cita datos de distintas organizaciones no gubernamentales en Colombia, dijo que en los primeros seis meses del 2010 se produjeron en el país 155 asesinatos políticos y extrajudiciales, 37 menos que en el mismo período del 2009. Tales crímenes fueron atribuidos a distintos grupos armados ilegales. El informe no mencionó recientes denuncias de ex jefes del paramilitarismo, que ya son investigadas por la Fiscalía, de que muchos de los paramilitares de base desmovilizados eran en realidad simples narcos e incluso indigentes.Reporte de países de América LatinaBoliviaRespecto a Bolivia, el informe de derechos humanos destacó casos "de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad" y "acusaciones de detenciones y arrestos arbitrarios".Además, apuntó hacia un sistema judicial "sobrecargado e ineficaz" y unos medios de comunicación "parcialmente libres".Denunció también "corrupción y falta de transparencia" en el gobierno del presidente Evo Morales.Por último, lamentó los problemas de explotación de mano de obra infantil y las "severas condiciones de trabajo en el sector minero boliviano".EcuadorPara el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Ecuador, al igual que en sus vecinos, hay problemas de derechos humanos, entre los que destacó casos de "uso excesivo de la fuerza y la impunidad por parte de las autoridades policiales".Alertó también sobre "el alto número de detenidos a la espera de juicio y la corrupción y ausencia del debido proceso en el sistema judicial ecuatoriano".El informe denunció como otra de sus preocupaciones que "la Administración del presidente Rafael Correa continuó con sus ataques legales y verbales contra los medios de comunicación independientes" .Por último, denunció discriminación hacia las mujeres, los indígenas y los afro-ecuatorianos, y señaló que se mantienen las denuncias por explotación de mano de obra infantil y el tráfico de personas.PerúLa situación en Perú, de acuerdo al informe, está marcada por la presencia de la banda terrorista Sendero Luminoso, responsable "de numerosos asesinatos, extorsión y reclutamiento de niños", además de estar "profundamente involucrada" en operaciones de narcotráfico.Se registraron durante 2010 varios asesinatos a cargo de las fuerzas de seguridad durante la represión de diversas manifestaciones, aunque el informe destaca que se han abierto investigaciones para esclarecer los hechos.También destaca los prolongados retrasos en el sistema judicial peruano, que han llevado a detenciones preventivas sin juicio.El informe critica la falta de control sobre los desplazamientos internos de la población peruana y denuncia discriminación por parte de las autoridades locales respecto a las minorÍas indígenas.Otro de los puntos negros es la falta de medidas efectivas contra la explotación infantil, especialmente en el sector informal.VenezuelaEl informe presenta un complicado panorama en Venezuela con denuncias de corrupción política generalizada, restricciones y amenazas a los medios de comunicación, politización del sistema judicial y detenciones arbitrarias."La independencia judicial está comprometida de acuerdo a numerosos observadores, y existen acusaciones de corrupción y presiones políticas", afirma el informe.Además, "la intimidación física y el acoso legal" a los medios de comunicación de oposición al Gobierno del presidente Hugo Chávez han desembocado "en limitaciones prácticas de la libertad de prensa y a un clima de autocensura".También denuncia que las fuerzas de seguridad venezolanas gozan de impunidad y cerca de "uno de cada ocho delitos es cometido por la propia policía".El informe muestra la preocupación de Estados Unidos por la situación de hacinamiento y la falta de servicios básicos en las cárceles venezolanas que tienen una población reclusa más de tres veces superior a su capacidad, con más de 43.000 presos.