Red de contrabando sacude al Gobierno: audios vinculan personas cercanas a Petro con ‘Papá Pitufo’

La revelación de audios y videos interceptados por la Fiscalía ha destapado un nuevo capítulo de corrupción que involucra a la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, y que, según testimonios, tendría conexiones con personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

La investigación, divulgada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, apunta a un entramado que alcanzaría altos mandos de la Policía Nacional y pondría en entredicho la transparencia del Gobierno.

El eje del escándalo es el capitán Faudel Salazar, exjefe de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena, capturado recientemente y señalado de manejar un esquema de extorsiones para permitir el ingreso de mercancía ilegal.

Tras su traslado al Cauca, la Fiscalía interceptó su celular y obtuvo conversaciones en las que el oficial asegura que “se portó bien con todos los jefes” y amenaza con revelar cómo se recoge el dinero ilegal que “le llega a Bogotá al director”. Aunque no especifica si se refiere al director general de la Policía o al de la Polfa, sus palabras abren dudas sobre la cadena de mando.

El expediente también menciona al entonces coronel Heiner Puentes, descrito por alias ‘Papá Pitufo’ como una “persona correcta” para sus intereses. Un agente encubierto infiltrado en la organización declaró que el poder de la red era tan grande que a ciertos funcionarios “no los movía nadie”, ni siquiera el ministro de Defensa.

Lo más delicado es que el mismo agente aseguró que existían vínculos con “personas cercanas al señor presidente” y mencionó directamente a la primera dama como parte de las razones de la inamovilidad de funcionarios clave en puestos aduaneros.

En uno de los audios más comprometedores, se escucha a Marín afirmar que desde la Presidencia “reciben tan bien”, lo que, según la investigación, habría facilitado el flujo del contrabando en el país.

Estas grabaciones, sumadas a los testimonios, ponen en jaque la narrativa de transparencia del Gobierno y obligan a la Inspección de la Policía a dar explicaciones sobre el manejo de la Polfa durante el 2023.

Mientras tanto, los implicados se preparan para testificar ante la justicia, en un proceso que podría escalar hasta las más altas esferas del poder.

El caso no solo expone la magnitud del contrabando en Colombia, sino también la fragilidad institucional frente a redes criminales capaces de penetrar estructuras estatales y generar dudas sobre la cercanía de estas prácticas con el entorno presidencial.