Raiza, la mujer trans que podría frenar la violencia contra la comunidad Lgbtiq+

Por Santiago Cruz Hoyos - Editor de Crónicas y Reportajes

Su nombre es Raiza Isabela Salazar. Estaba vestida de tenis, jeans, una blusa azul manga larga, un sombrero y unas gafas, la pierna cruzada con elegancia, como si tomara el sol en una playa. En realidad, se encontraba en el patio de la Fundación Casa de Mono, en el sur de Cali. Al fondo había materas, flores fucsias, girasoles artificiales.

Raiza esperaba. El pasado martes 19 de marzo, por primera vez en la historia del sistema Interamericano de Derechos Humanos, un Estado, el de Colombia, le pediría perdón a una mujer trans, le pediría perdón a Raiza, por la vulneración de sus derechos.

Raiza nació en El Cerrito, Valle del Cauca. Allá la crió su abuela materna. De El Cerrito tomó rumo a Cali, a Siloé, y comenzó a entender su identidad y orientación sexual. Ella dice que en su ser habitan dos personajes. Raiza, por ejemplo, es muy amiga de Isabela. Raiza es empalagosa; Isabela en cambio es seria. Raiza ha sido modelo de ropa interior y de una revista porno; Isabela es una señora del hogar, inteligente y audaz.

“Soy tierna, soy afable, muy tratable, me comunico con todo el mundo, yo difícilmente ofendo a alguien a no ser que me sienta agredida”, dice Raiza Isabela. Y sin embargo, personas vinculadas con el paramilitarismo le dispararon en la cabeza con balas de salva para que se fuera de su hogar.

Todo sucedió en Dagua, donde Raiza se fue a vivir después de haber sido estilista en Cali y en Bogotá –tuvo su propia peluquería– y de ejercer el trabajo sexual en Europa.

En Dagua compró un apartamento en una unidad residencial donde comenzaron a amenazarla. Le decían frases como “aquí maricas no”, “no queremos travestis, lárguese”, “esto no es un putiadero”, hasta que le dispararon.

Raiza, activista de la comunidad Lgbtiq+, acudió al Estado para pedir protección. No la escucharon. Ni siquiera le recibieron sus denuncias.

En 2011 se dirigió a la Fundación Santamaría en busca de apoyo. La Fundación, junto con el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti y la organización Synergia, llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quie le dio la razón: el Estado colombiano no cumplió con su obligación de defender sus derechos, luego tiene que reparar a Raiza.

Pedirle públicamente perdón el pasado 19 de marzo fue el primer paso. Lo hizo el mismo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Jairo Camargo Motta. Ahora falta la reparación económica para que termine de concretarse el acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Colombia y Raiza.

— Es la primera vez en la historia del sistema interamericano de derechos humanos y de todos los países de América que se hace un acuerdo de solución amistosa con una persona trans. Es algo histórico. Pero también es la primera vez que el Estado colombiano le pide perdón a una persona trans. Esto tiene un efecto de onda muy importante porque nos indica que cuando no hay justicia local, existe justicia internacional. Hay un canal que puede ser utilizado para otras denuncias. Simbólicamente es muy importante que el Director de la Agencia Jurídica del Estado estuviera presencialmente en Cali pidiéndole perdón a Raiza en representación del país –dice el abogado Perfetti.

Que Colombia le pida perdón a Raiza en vez de ignorarla como sucedió por tantos años le envía un mensaje a la sociedad: en el país debemos vivir en paz, no importa la identidad o la orientación sexual. Por eso Raiza podría convertirse en la mujer trans que frene, por fin, la violencia contra la comunidad Lgbtiq+.

En la Fundación Casa del Mono había, el día del acto de perdón, una exposición que da cuenta de esa violencia. En una sala pegaron, en las paredes, 143 estrellas con nombres de mujeres. Las estrellas correspondían a los 143 transfeminicidios que han ocurrido en Cali y el Valle entre 2005 y 2023, según los datos recogidos por el Observatorio Ciudadano Trans de la Fundación Santamaría. Cali es, además, la ciudad con más transfeminicidios en Colombia.

— Es un dato que muestra la radiografía del país y de la ciudad, un diagnóstico que revela que a las personas trans nos cuesta ser quienes somos –decía Renata Jank Antonelli, trabajadora social de la Fundación Santamaría.

Es cierto: ser trans en Colombia pareciera ser una sentencia de muerte. La expectativa de vida de las personas trans ronda entre los 27 y los 32 años. Las asesinan jóvenes. ¿Qué otro grupo poblacional tiene una expectativa de vida tan corta?

— Queremos apostarle a la paz, tener una ciudadanía que goce plenamente sus derechos y eso pasa por poder habitar el territorio sin sentir que en cada esquina puedes resultar siendo víctima de un hecho de transfobia, incluso por la misma Fuerza Pública –agregaba Renata.

En una de las paredes de la exposición estaba recortada la figura de un policía, junto a unas esposas y un arma, acompañado de un texto que decía: “El policía transfeminicida de Sara Nicoll Muñoz fue dejado en libertad. Seguimos imparables exigiendo justicia”.

Sara Nicoll fue asesinada el 27 de julio de 2022, en Cali. Tenía apenas 33 años. La noche de su asesinato, lo que se presume es que un cliente la recogió en un vehículo gris en la esquina de la Carrera 7 con Calle 21 y después se dirigieron hacia la Carrera 6 entre 21 y 22, donde el cliente parqueó el carro diagonal al Centro de Detención Transitoria de San Nicolás.

Del lugar habría salido un agente de policía, quien disparó hacia el vehículo, hiriendo en el abdomen a Sara Nicole. El conductor tomó el carro nuevamente hacia el lugar donde la recogió y la lanzó desde el vehículo. Las compañeras de Sara Nicoll la llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde falleció.

Un informe de la organización Caribe Afirmativo advierte que en Colombia, durante 2023, se registraron 156 homicidios de personas LGBTIQ+, lo que indica que en Colombia cada 55 horas se cometió un asesinato contra una persona con una orientación o identidad sexual diversa.

El Valle del Cauca fue justamente donde más homicidios se presentaron, 33, seguido de Antioquia, con 20.

El día del acto de perdón a Raiza, Renata, la trabajadora social de la Fundación Santamaría, advertía:

— En Cali y el Valle tenemos una política pública de género pero eso y nada ha sido lo mismo. Son acciones pensadas en el papel que no pasan más allá, que no se aterrizan a nuestra realidad. Nos matan por ser trans.