¿Quién es el millonario empresario que vuelve a tribunales por enriquecimiento ilícito?

Alberto Aroch Mugrabi es un empresario israelí dedicado a la industria textilera, quien es señalado por varios delitos. Con un amplio prontuario judicial, tiene radicadas al menos 13 denuncias en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación (SPOA).

Mugrabi sería responsable de cometer varias conductas punibles, entre ellas por presunto lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.

Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Dian, sus exportaciones ficticias afectaron el erario. Así mismo, Noticias RCN conoció la apelación del Ministerio de Justicia y la entidad de impuestos sobre la decisión de un juez de tumbar la extinción de bienes al empresario, considerada una de las más grandes de la historia, por 700.000 millones de pesos.

Para las entidades anteriormente mencionadas, hubo irregularidades e importaciones ficticias que afectaron el erario.

En un documento radicado por la Dian, se solicita que se revoque la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes del empresario Aroch Mugrabi.

Para la entidad, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito dar la apariencia de legalidad de los dineros ingresados y extraídos del país.

Los procesos contra Alberto Aroch Mugrabi

En medio de una diligencia judicial que se llevó a cabo en el 2016 en la que se resolvía un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juez de conocimiento revocó la decisión de primera instancia y determinó enviar a la cárcel La Picota, en Bogotá, al empresario, procesado en su momento por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Un año antes, en diciembre de 2015, Aroch Mugrabi aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, no obstante, se declaró inocente frente a las imputaciones por lavado de activos y concierto para delinquir.

Finalmente, su nombre también estuvo vinculado a un escándalo por el multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, por la Contraloría General, en tiempos en que Sandra Morell administraba; en este caso, señalaban que el inmueble habría sido financiado con dineros ilícitos.