Procuraduría puso en marcha mecanismo para hacer seguimiento y vigilar el proceso de reconstrucción después del terremoto

La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un mecanismo especial de vigilancia para hacer seguimiento a las acciones que adelanten las autoridades frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, y a las labores posteriores de reconstrucción en los territorios afectados.

El ‘Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo’, direccionado por el Procurador, deberá verificar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan las obligaciones que les corresponden tanto en la atención inmediata de la emergencia como en las etapas de reconstrucción.

Asimismo, deberá hacer seguimiento a que estos sean administrados y ejecutados de manera transparente, eficaz y oportuna, de manera que los recursos lleguen efectivamente a los fines para los que fueron destinados.

En particular, el grupo tendrá a su cargo la protección de las poblaciones de especial protección constitucional, frente a las cuales deberá verificar que las autoridades adopten oportunamente medidas de atención integral.

La instrucción principal es que los integrantes del grupo tengan presencia “permanente en territorio”, con el propósito de conocer de primera mano la evolución de la atención de la emergencia y las necesidades que persistan en las comunidades.

La información recopilada deberá ser reportada en tiempo real al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y al viceprocurador, por lo que deberán articularse las diferentes dependencias de la Procuraduría con competencias en asuntos relacionados con la vigilancia de la función pública, la gestión territorial, los derechos humanos, asuntos étnicos, ambientales y sociales.

El grupo estará integrado por las Procuradurías Primera y Tercera Delegadas para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública; la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial; la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos; y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

También harán parte las delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Piden a Nueva EPS garantizar el uso de recursos liberados

De otro lado, La Procuraduría General pidió a la Nueva EPS garantizar que los $203.356 millones que quedaron disponibles tras el levantamiento de varios embargos, sean destinados a la atención de sus afiliados, especialmente en medio de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los recursos estaban comprometidos por medidas cautelares dentro de 40 procesos judiciales que se tramitaban ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Tras la intervención de la Procuraduría, el despacho judicial ordenó levantar los embargos y los dineros volvieron a estar disponibles para la entidad.

El Ministerio Público solicitó al agente especial interventor de la Nueva EPS que estos recursos sean manejados de forma “efectiva, oportuna y transparente”, con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar la continuidad de los tratamientos de los usuarios.