Procuraduría pide medidas del Gobierno ante violencia y confinamiento en Nariño

Ante la difícil situación de orden público que enfrenta el departamento de Nariño, la Procuraduría llamó la atención del Gobierno por los posibles incumplimientos en acciones para dar respuesta a las afectaciones que sufren alrededor de cuatro mil pobladores por el conflicto entre grupos al margen de la ley.

“En municipios como Samaniego, Los Andes, La Llanada y Santa Cruz persisten problemas graves de violencia, originados por la guerra entre bandas criminales que han agudizado el conflicto obligando a decenas de habitantes a permanecer confinados y otros tantos a salir de sus terruños”, advirtió la Procuraduría.

La Procuraduría Regional de Nariño denunció la presunta omisión de funciones de algunas entidades que han incumplido los compromisos asumidos en materia de educación, salud y ayudas humanitarias.

Según el Ministerio Público, tampoco se han trazado planes para garantizar la atención de unos 1.500 indígenas del resguardo indígena El Sande, del municipio de Santa Cruz, que permanecen confinados, así como otros 600 habitantes de La Llanada. La atención de la población desplazada que aún permanece en el municipio de Samaniego es otra de las preocupaciones de la entidad.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó que en muchas zonas del departamento de Nariño, al parecer, no se han activado protocolos de verificación de cese al fuego, en el marco de las negociaciones, que adelanta el Gobierno con los grupos armados.

Entre las medidas urgentes que el Ministerio Público pide adoptar están la entrega de medicamentos, garantías de educación y programas de desminado. La Procuraduría instó, no solo al Gobierno nacional, sino también a las autoridades regionales a coordinar las misiones humanitarias que permitan ingresar a los territorios confinados y garantizar el regreso de los desplazados a sus territorios.

De acuerdo con un boletín de la Defensoría del Pueblo, en el mes de octubre se registró un total de 35 eventos de desplazamiento forzado en el territorio nacional: ocho desplazamientos forzados masivos, siete casos de confinamiento y 20 situaciones de riesgo de desplazamiento o confinamiento.

Estos incidentes son, principalmente, el resultado de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país. Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Vichada, Antioquia, Caldas, Caquetá, Bolívar, Córdoba, La Guajira y Putumayo son los departamentos afectados por estas formas de violencia.