Procuraduría investiga presuntas irregularidades en aparatos electrónicos para monitorear presos en Colombia

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Sergio Alejandro Caballero Baute, en su calidad de representante legal del interventor Consorcio Intervigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

La decisión se toma por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de chips electrónicos destinados al control de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el Ministerio Público, las anomalías estarían relacionadas con el cobro por aparatos de monitoreo que, a pesar de ser utilizados por personas con detención o prisión domiciliaria, beneficios administrativos o medidas no privativas de la libertad, se encontrarían inactivos.

Estos dispositivos forman parte de un sistema de vigilancia que busca garantizar el cumplimiento de las sanciones y medidas judiciales sin recurrir al encarcelamiento tradicional.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que la situación podría implicar un posible detrimento patrimonial superior a los $14.000 millones.

El monto se desprende de supuestos pagos realizados por un servicio que, según la información recopilada, no estaría cumpliendo con su objetivo por fallas en la operación o el uso de equipos sin funcionamiento.

Otro de los puntos bajo investigación es el mantenimiento de estos localizadores. Según el expediente, algunos de los chips presentaban una capacidad reducida de carga en sus baterías, al punto de no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

Esta deficiencia podría comprometer la confiabilidad del sistema de monitoreo, abriendo la puerta a riesgos en el control de los beneficiarios del programa.

El organismo de control busca determinar si estos hechos se deben a fallas en el seguimiento y control por parte de la interventoría y supervisión del contrato, o si responden a un incumplimiento más amplio en la gestión del servicio.

La investigación disciplinaria se centrará en establecer la responsabilidad de Caballero Baute y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes. Mientras tanto, la Procuraduría reiteró su compromiso de vigilar la correcta ejecución de los contratos estatales y proteger los recursos públicos frente a posibles actos de corrupción o negligencia administrativa.