Procuraduría denunciará a funcionaria que ordenó libertad de dos jóvenes primera línea

Diciembre 28, 2022 - 08:21 a. m. 2022-12-28 Por:
Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Julián Antonio Bedoya Meneses.

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La Procuraduría General de la Nación estudia la posibilidad de radicar hoy una denuncia penal y disciplinaria en contra de la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, quien expidió la libertad de dos jóvenes vinculados a la primera línea: Santiago Márquez y Adriana Bermeo.

De acuerdo con el procurador delegado para Asuntos Penales, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, el Ministerio Público estudia las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido en términos de validez y de responsabilidad.

Para la Procuraduría “esta funcionaria no tenía competencia para emitir estas órdenes, por razones de publicidad y control, y por razones de legalidad e interpretación en términos legales y constitucionales”.

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En declaraciones a medios, el procurador delegado recordó que estas liberaciones de los llamados voceros de paz se dan en virtud de la Ley Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2422 que creó la Comisión Intersectorial donde la Procuraduría no tiene asiento.

“En estas decisiones encontramos varias irregularidades por temas de competencia porque esta funcionaria no podría haberlo hecho; por razones de publicidad y control porque no pudimos acceder a este trámite, y por razones de legalidad e interpretación pues debió hacerlo un juez de Garantías”, dijo Acosta.

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Además, señaló que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no suministró al Ministerio Público la información sobre estos casos, y fue necesario acudir a los centros carcelarios, “y encontramos que no tenía competencia para ordenar estas libertades, pues no estaba en sus competencias según el acuerdo 2764 de 2004”.

Acosta defendió la competencia de la Procuraduría General en todos los procesos penales en los que se requieren pesos y contrapesos, garantía de división de poderes y una reserva judicial que supone que sean los jueces de control de garantías. 

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