Procuraduría alerta deterioro financiero y barreras de acceso en EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger y Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación presentó un informe detallado sobre las actuaciones de vigilancia preventiva y control adelantadas a las EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger (antes Cajacopi) y Nueva EPS, en el que se advierte la persistencia de barreras de acceso en la atención de los usuarios y un deterioro progresivo en las condiciones financieras de estas entidades, lo que compromete su sostenibilidad y continuidad dentro del sistema de salud.

En el comunicado de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, señala que aunque cada EPS presenta particularidades administrativas, todas comparten problemáticas estructurales que afectan la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud.

Entre los hallazgos se destaca el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR), tutelas e incidentes de desacato, asociados principalmente a demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades en la autorización de servicios y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo de los pacientes.

La Procuraduría subraya que estas dificultades reflejan un deterioro en los indicadores de acceso y ponen en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud.

El caso de la Nueva EPS resulta especialmente crítico. Según el informe, la entidad enfrenta un riesgo sistémico y estructural, tanto en la garantía del derecho a la salud como en su sostenibilidad financiera.

Los estados financieros de la aseguradora, con corte a 2024, registran pasivos superiores a 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas que superan los 11 billones, sin contar con dictamen favorable de la revisoría fiscal. Además, se evidenció una alta rotación de agentes especiales interventores, con cinco nombramientos en un periodo de 24 meses, lo que refleja inestabilidad en su administración.

Los indicadores de acceso según la Procuraduría en el informe presentado, revelaron un deterioro acelerado: en el primer trimestre de 2026 se registraron 40.668 acciones de tutela, equivalentes al 60 % del total de tutelas presentadas en todo 2023.

Asimismo, se reportaron 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 % aún no han sido atendidos. Estas cifras evidencian la magnitud de la crisis y la presión que enfrentan los usuarios para acceder a servicios básicos de salud.

Asimismo, El informe también incorpora presuntas responsabilidades disciplinarias por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, debido a su posible inactividad en la promulgación de directrices para optimizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

De igual manera, se señalan falencias en los procesos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud frente a estas aseguradoras, así como deficiencias en el seguimiento a los agentes interventores designados para administrarlas.