Nueva EPS advierte que billonario embargo judicial pone en riesgo su operación; este es el llamado que hacen

La estabilidad del sistema sanitario en Colombia enfrenta una amenaza sin precedentes tras el reporte de una parálisis financiera en la aseguradora más grande del país.

La Nueva EPS emitió una alerta urgente debido a que una serie de decisiones judiciales han elevado los embargos en su contra a una cifra que supera los $2,1 billones. Según la entidad, esta suma equivale a la operación completa de un mes, lo que compromete de manera directa la atención de sus más de 11,7 millones de usuarios a nivel nacional.

El incremento de las medidas cautelares ha sido drástico en el último trimestre. La cifra, que en noviembre de 2025 rondaba los $887.000 millones tras haber sido duplicada, ascendió recientemente a más del doble.

Este bloqueo masivo de recursos ha generado un cuello de botella en el flujo de pagos hacia la red prestadora de servicios y los gestores farmacéuticos, limitando la capacidad de la entidad para garantizar la entrega de insumos básicos y medicamentos esenciales a sus pacientes.

La concentración de estas medidas judiciales se localiza en cuatro despachos específicos que han liderado el proceso de retención de fondos.

Entre ellos figuran el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. Estas oficinas judiciales han procesado demandas interpuestas por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría del sector privado.

La situación ha escalado a tal punto que la Nueva EPS ha denunciado la inobservancia de la normativa vigente sobre la inembargabilidad de los recursos de la salud.

De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, el dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tiene un destino específico y no puede ser objeto de medidas cautelares. Pese a este blindaje legal, los jueces han procedido con los bloqueos, argumentando que los fondos corresponden a otros conceptos administrativos.

Uno de los episodios más críticos de esta crisis financiera ocurrió el pasado 19 de enero. La entidad tenía programada una transferencia por $60.000 millones destinada a Colsubsidio, con el fin de asegurar el suministro de fármacos a los afiliados; sin embargo, el dinero fue embargado antes de que la transacción pudiera ejecutarse.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazó tajantemente estas actuaciones, señalando que la retención de estos fondos vulnera el derecho fundamental a la vida de los ciudadanos.

Información de Colprensa