Más de 4OO defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2022 y 2025

Al menos 410 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero de 2022 y diciembre de 2025, en 28 departamentos y 184 municipios, con una concentración del 76% de los casos en solo diez departamentos, reveló este jueves la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe anual.

El Cauca registró el mayor número de víctimas con 84 casos, seguido por Valle del Cauca con 37, Nariño y Arauca con 36 cada uno, Putumayo con 34, Norte de Santander con 21, Antioquia con 19, Bolívar con 15, y Chocó y Guaviare con 14 cada uno.

De las 410 víctimas, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+. Por pertenencia étnica, 171 eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes.

Los grupos armados no estatales fueron señalados como presuntos responsables del 73% de los casos, seguidos por organizaciones criminales con el 8% y particulares con el 4%.

En 296 casos, ONU Derechos Humanos estableció que un grupo armado pudo haber ordenado y ejecutado el homicidio, como parte de estrategias para ejercer control social y territorial sobre economías ilícitas y corredores estratégicos.

Además de los homicidios, el organismo registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra defensores en el mismo periodo, de los cuales el 63% correspondieron a amenazas, el 5% a intentos de homicidio y el 4% a secuestros.

La entidad advirtió que estas cifras representan solo una fracción del fenómeno real, dado el alto subregistro por la ausencia de un sistema unificado de información estatal.

El informe reconoció que el Gobierno priorizó el problema y promovió acciones de prevención, pero advirtió que “el Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia”.

El organismo señaló que las respuestas estatales siguen siendo “fragmentadas y desarticuladas”, que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no logran traducirse en acciones operativas suficientes y que el nivel municipal continúa siendo “el eslabón más frágil del sistema de garantías”.

Cabe decir que, según el Ministerio de Interior, desde instancias como las mesas nacionales y territoriales de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat),“se trabaja en articulación con otras entidades del Gobierno nacional, autoridades locales y organizaciones sociales, para proteger a quienes realizan esta labor en las zonas del país más afectadas por la violencia y garantizar condiciones de seguridad para toda la población civil”.