"La justicia no se puede parar": Wilson Ruiz, nuevo presidente de la Judicatura

Wilson Ruiz, nuevo presidente de la Judicatura, dice que impulsará una estrategia de prevención que trascienda la disuasión policial.

El magistrado caleño Wilson Ruiz se estrena como presidente del Consejo Superior de la Judicatura cuando la Justicia acaba de salir de un paro de 73 días y se amenaza con otro cese de actividades. La manera como se solucione este conflicto, las tareas que impondría un acuerdo con las Farc y los líos propios de la administración judicial hacen parte de los retos a los que se enfrentará. Sobre estos temas, Ruiz habló con Colprensa. ¿Cómo recibe la Judicatura? Con muchas expectativas para trabajar en el mejoramiento de la prestación del servicio de administración de justicia, el cual requiere celeridad en el desarrollo de los procesos, con decisiones justas y equitativas, respondiendo a las necesidades cambiantes del mundo, para lo cual es imprescindible compromiso, respeto a la ciudadanía y cultura del servicio por parte del trabajador judicial. ¿Qué han hecho ya en la Judicatura para llegar a eso? No hay un solo municipio que no tenga el servicio de justicia para dirimir las controversias que se suscitan. Otra es la implementación del sistema de carrera judicial, a través del cual se ha logrado la vinculación de funcionarios y empleados por concurso de méritos. Hoy tenemos 25.345 servidores judiciales, entre ellos 4908 funcionarios y 20.437 empleados. Además, para afrontar las medidas de descongestión contamos con 6339 servidores judiciales entre magistrados, jueces y empleados.¿Es muy complicado asumir esa responsabilidad cuando la justicia acaba de salir de paro y se avecina otro? Siempre habrá retos en un cargo de dirección y mucho más si estamos hablando de una posición representativa de la justicia. Desde que llegué al Consejo Superior de la Judicatura me propuse trabajar arduamente, dentro de las competencias que me fueron asignadas, para dar respuesta oportuna al usuario y asumí la presidencia de la Corporación con toda la responsabilidad que implica. ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia? Con una justicia más sensible con la problemática y las necesidades de la ciudadanía, que tenga como prioridad cumplir con su función constitucional de dar respuesta a los usuarios. Si el ciudadano recibe una respuesta oportuna tendrá confianza en el funcionario que está administrando justicia, pero para ello es necesario tener todas las herramientas. Esas condiciones pasan por unos despachos dotados de la tecnología que requiere la justicia y de superar el problema de congestión judicial, porque no se puede atender una demanda de justicia con los mismos recursos físicos y de personal con los que se cuenta desde hace 20 años. ¿Cómo va a adelantar el diálogo con los sindicatos? Quiero escuchar a todos los sectores de la Rama Judicial para reflexionar sobre sus inquietudes, hacer una autocrítica de la administración de justicia y llevarlas ante el Gobierno. Lo que no soporta la Administración de Justicia es un nuevo cese de actividades, pues la justicia es un servicio esencial. ¿Cómo podría afectar a la Justicia un nuevo paro?Ya lo vimos en el pasado cese de actividades, hubo pérdidas por $100 mil millones, se incrementó la congestión judicial y la imagen de la Rama Judicial se deterioró. ¿Los trabajadores tienen razón? Hay que oír las inquietudes y propuestas que tienen los trabajadores en aras de estudiar alternativas de solución, haciendo un diagnóstico de los problemas. Durante el paro pasado, los presidentes de las altas cortes insistieron en que la Justicia no es autónoma por el tema presupuestal… En las competencias otorgadas por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia a nuestra Sala Administrativa, la Rama Judicial cuenta con autonomía presupuestal, tanto es así que en el Plan Sectorial de Desarrollo la Rama delimita sus proyectos de inversión para ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la ejecución del presupuesto sí tenemos una limitación en la transferencia de los recursos, pues el Ministerio de Hacienda determina la proporción de giros desconociendo las necesidades en la administración de justicia. ¿Cuánto necesita la justicia para operar con tranquilidad?De acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo 2015-2018, la Rama ha diseñado unas políticas institucionales que contemplan siete frentes de acción, tales como tecnología, infraestructura judicial, desarrollo de talento humano, rediseños organizacionales, protección y seguridad, democratización de la administración de justicia y calidad de la justicia. Para esos efectos se contará con un presupuesto de $1,2 billones para este cuatrienio. ¿Qué hacer con el hacinamiento en cárceles y las URI? ¿La privación de la libertad es válida como está concebida hoy?Desde la Comisión Intersectorial para el Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio, Cispa, es primordial que de una vez por todas se ajusten las metodologías, para unificar las interpretaciones de la normatividad existente. Hoy, después de 10 años de entrado en vigencia el ‘nuevo’ Sistema Penal, se generan distintas concepciones jurídicas y, por ende, diferentes nociones respecto de su aplicación en materia de penas. Es necesario involucrarse ya en el rediseño de la Política Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, en aras de orientarla no solo a la adopción de mecanismos represivos de la criminalidad, sino también para impulsar una estrategia de prevención que trascienda la disuasión policial.Con este panorama, ¿la justicia está preparada para el posconflicto?La justicia colombiana está preparada para asumir los retos propios de los cambios políticos y sociales que se presenten en el país, motivo por el cual la Rama Judicial ha propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo la ejecución de proyectos tendientes a su mejoramiento continuo, a través de la implementación de recursos tecnológicos, mejoramiento de la infraestructura judicial y la profesionalización y desarrollo del talento humano. ¿Cómo se prepara la justicia en cuanto a antecedentes de los jefes de las Farc para abocar decisiones en caso de firmarse la paz?La Sala Administrativa de la Judicatura tiene un plan estratégico tecnológico para sistematizar todos los expedientes y que sean de fácil acceso para los administradores de justicia, lo cual hará más ágiles y eficientes los procesos y le dará seguridad a la información allí contenida. ¿Los militares que cometieron acciones ilegales en medio del conflicto deberían ser cubiertos por los beneficios aprobados para las Farc? Ese tema será resuelto cuando se establezca la justicia alternativa aplicable al proceso de paz y serán los acuerdos de La Habana los que determinen a quiénes cobijarán dichos procedimientos judiciales. ¿Hasta dónde la justicia nacional permitiría perdón y olvido?Los jueces solo son operadores de justicia, es decir, sus decisiones están ajustadas a las disposiciones legales establecidas para cada jurisdicción, por lo tanto no es preciso afirmar o negar que la Rama Judicial adopte una posición determinada frente a los resultados de las negociaciones para acabar con el conflicto armado. ¿Qué le responde a la Contraloría, que criticó los recursos asignados a la justicia, advirtiendo al Gobierno que subirlos es riesgoso?La planeación presupuestal de la Rama para el cuatrienio fue diseñada según el marco fiscal de mediano plazo fijado por el Gobierno, el cual se estructuró en compañía de Planeación Nacional, indicando esto que las alzas o bajas presupuestales allí contenidas obedecen al estudio de las necesidades de la Rama para funcionar. Por ello, debo mencionar que en los últimos años se han obtenido resultados positivos en cuanto a su ejecución, tal como lo de demuestran las cifras del Minhacienda, que muestran 94,1 % en el 2013 y 97,1 % en el 2014. Pero adelantaremos acciones de mejoramiento concertadas con la Contraloría, en aras de mejorar la gestión administrativa de la Rama.