Judicatura extiende hasta diciembre la urgencia manifiesta para reparar sedes afectadas por el terremoto; aquí los detalles

El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta declarada tras el terremoto del 10 de agosto, con el propósito de acelerar las reparaciones de las sedes judiciales afectadas y garantizar condiciones seguras para funcionarios y ciudadanos.

La decisión se toma mientras avanzan las evaluaciones estructurales, las adecuaciones de edificios y la búsqueda de espacios temporales para mantener la prestación del servicio de justicia en las regiones impactadas.

La emergencia dejó daños en 34 sedes judiciales de Risaralda, Quindío y Chocó, de acuerdo con el reporte de la entidad. A esto se suma la situación del personal: de los 5.170 servidores judiciales incluidos en el balance, más de 2.400 manifestaron haber sufrido alguna afectación por el movimiento sísmico.

La prórroga permitirá agilizar la contratación de obras, bienes y servicios, además de facilitar los diagnósticos técnicos, la adecuación de instalaciones y el traslado de despachos y equipos tecnológicos. Aunque la atención presencial se ha recuperado en buena parte de las sedes, todavía hay dependencias que trabajan desde casa o bajo esquemas de alternancia.

Por esa razón, la Judicatura también amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la autorización temporal para el trabajo en casa en las zonas afectadas.

Pereira y Quindío

En Risaralda, los daños en el Palacio de Justicia de Pereira dejaron fuera de servicio una infraestructura que concentra el 86 % de los despachos del distrito judicial. Los 447 servidores que trabajan en esta sede tuvieron que pasar a la modalidad de teletrabajo.

Para mantener la presencia de la justicia en el territorio, se puso en marcha la estrategia de Justicia Móvil. Paralelamente, entre octubre y diciembre se proyecta trasladar 519 puestos de trabajo a otras instalaciones.

De ese total, 332 se ubicarán en el Complejo Judicial de la Calle 39; otros 130 serán trasladados a un inmueble arrendado para el sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central. Los 57 restantes estarán en el Edificio Kronos, destinado a los juzgados de familia y especializados.

La distribución busca permitir que las actividades judiciales continúen mientras se avanza en la recuperación de la infraestructura afectada.

En Quindío, los edificios judiciales de Montenegro, Génova y Buenavista continúan inhabitables. A su vez, las sedes IBG y San Martín, en Armenia, necesitan reparaciones.

Ante estas condiciones, se implementó el plan denominado Pico y Despacho, que contempla trabajo en casa, limitaciones de acceso e ingresos escalonados, según las condiciones de seguridad de cada instalación.

La operación judicial se ha habilitado gradualmente en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá. También se han abierto algunas áreas de la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

En Armenia, las oficinas y los centros de servicios judiciales han brindado 834 atenciones directas, como parte de las acciones para mantener el contacto con los usuarios mientras se normaliza el funcionamiento de las sedes.

Caldas y Chocó avanzan a ritmos distintos

En el distrito judicial de Manizales, la atención presencial se restableció progresivamente desde el 24 de agosto en 23 de los 29 municipios. La reapertura se realizó con base en evaluaciones técnicas que tuvieron en cuenta las condiciones de infraestructura, conectividad y disponibilidad de servicios.

También se habilitaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud frente al Complejo Judicial San José, además de puntos itinerantes para atender a la ciudadanía.

En Chocó, el reporte registra afectaciones en 12 sedes judiciales. Entre las estructuras más comprometidas está el Edificio Adán Arriaga, donde trabajan 184 servidores. La sede de Alto Baudó, por su parte, presenta daños graves y está pendiente de reparaciones.

Las intervenciones ya están en marcha en las sedes de Miraflores y Silencio, mientras que las obras en el Juzgado de Infancia y Adolescencia terminaron.

Sobre el Valle

En el Valle del Cauca, la atención presencial se reanudó en las sedes judiciales de 29 municipios tras recibir conceptos técnicos favorables. Sin embargo, la recuperación de la actividad no significa que todas las dependencias cuenten ya con instalaciones definitivas para operar.

En Cali y en los municipios de Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá se adelantan gestiones para disponer de inmuebles temporales.

Entre las infraestructuras que requieren reubicación está el Palacio Nacional de Cali, donde funcionan el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura. También figura la Casa de Justicia de Los Mangos.