Jorge Iván Palacio, nuevo presidente de la Corte Constitucional

El magistrado ha tenido varios cargos en la Rama Judicial durante casi 30 años.

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11 de ene de 2013, 12:00 a. m.

Actualizado el 22 de abr de 2023, 08:31 p. m.

El magistrado ha tenido varios cargos en la Rama Judicial durante casi 30 años.

El magistrado Jorge Iván Palacio, que ha tenido varios cargos en la Rama Judicial por casi treinta años, fue elegido presidente de la Corte Constitucional. Su presencia en ese cargo va hasta enero de 2014. Como viene ocurriendo en esa corporación desde 1992, para que todos los magistrados puedan ser presidentes de la misma, sus periodos solo duran diez meses. Además, La misma Corte aprobó que los periodos de sus presidentes comiencen el primero de enero de cada año, y que quien haya sido vicepresidente un determinado año sea el presidente el año siguiente. Ese es el caso del magistrado Palacio, un antioqueño egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. En Antioquia ha sido juez municipal en Fredonia, juez del circuito en Támesis y del circuito en El Santuario. También ha sido magistrado de las salas laborales del Tribunal Superior de Medellín y de la Corte Suprema de Justicia, y conjuez de esa misma corporación. De la misma manera, ha sido abogado litigante por cerca de diez años en asuntos laborales y de seguridad social y es miembro de la Comisión de Ética de la FIFA. Desde el 2009, Palacio Palacio es magistrado de la Corte Constitucional. Actualmente dirige la sala especial de seguimiento para el tema de salud y a la sentencia T-760 de 2008. Palacio fue ponente de la sentencia C-252 de 2010 que declaró la inexequibilidad de la emergencia social en salud. Entre otras providencias de su autoría se destacan la C-595 de 2010 (presunción de culpa o dolo en materia de infracciones ambientales); Auto 288 de 2010 (acuerdo complementario para cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre Colombia y Estados Unidos); T-129 de 2011 (consulta previa de comunidades étnicas); T-261 de 2012 (protección derechos de más de 50 trabajadores de Emcali); y C-540 de 2012 (servicios de inteligencia y contrainteligencia). Su posición frente a temas como la reivindicación de los derechos de las parejas del mismo sexo para conformar familia ha sido interpretada como favorable.

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