La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones a doce exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de al menos 135 personas entre enero de 2002 y julio de 2005. Las víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La sentencia fue emitida por la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, luego de que los comparecientes aceptaran su responsabilidad en los crímenes.

A diferencia de la justicia ordinaria, los sancionados no irán a prisión, sino que cumplirán condenas de entre cinco y ocho años en Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (TOAR), bajo estrictas restricciones de movilidad y residencia. El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la pérdida de beneficios.

Crímenes sistemáticos

La JEP determinó que los asesinatos no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica sistemática para simular resultados operacionales. La investigación identificó dos patrones de macrocriminalidad:

• Alianza con paramilitares: El batallón recibió personas entregadas por el Bloque Norte de las AUC, vivas o muertas, para ser reportadas como bajas. A cambio, los militares permitían el movimiento y patrullaje de los paramilitares en su jurisdicción e incluso intercambiaban material de guerra.
• Víctimas vulnerables: Soldados engañaban a personas en situación de pobreza con falsas promesas de trabajo o las aprehendían irregularmente para asesinarlas y reportarlas como combatientes caídos.

Entre los crímenes reconocidos figuran asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución como delitos de lesa humanidad, y homicidio y tortura como crímenes de guerra.

Los sancionados

Los sancionados con esta decisión de la JEP son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra, Juan Carlos Soto Sepúlveda y Elkin Rojas.

Entre los proyectos que deberán ejecutar incluyen iniciativas de memoria, sanación y reconstrucción comunitaria. Entre ellos destacan:

• Centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo.
• Plan Integral de memorialización en la Costa Caribe, con mausoleo en Valledupar y parque en Luruaco.
• Centro Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa.
• Casas multipropósito para víctimas en Cesar y Magdalena.
• Proyecto productivo “Sembradores de amor y paz” en zonas urbanas y rurales.
• Casa cultural Nelson Enrique Romo Romero en el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla.

Los exmilitares deberán residir en los lugares donde se desarrollen estos proyectos y sus desplazamientos estarán monitoreados por la JEP y un mecanismo internacional de Naciones Unidas.