Hidroituango: inicia procedimiento sancionatorio por presunta infracción ambiental

La empresa operadora del proyecto Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín, EPM, informó que la hidroeléctrica HIDROITUANGO S.A. E.S.P. fue sancionada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por la presunta infracción ambiental en el proyecto “Construcción y Operación del proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango”.

La entidad realizó un seguimiento y control ambiental de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada en la Resolución No. 0155 de 30 de enero de 2009 y sus modificaciones, que se encuentran en el expediente permisivo LAM2233.

“EPM se permite informar que, actuando en calidad de mandataria de la sociedad Hidroituango, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante Auto No. 5345 del 17 de julio de 2023, notificado el 27 del mismo mes, dispuso ordenar el inicio de procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Hidroituango de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, por la presunta comisión de infracción ambiental llevada a cabo en el desarrollo del proyecto “Construcción y Operación del proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, se lee en el comunicado oficial de EPM.

Agrega que la medida se da “como consecuencia del seguimiento y control ambiental realizado por la entidad a las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental concedida en la Resolución No. 0155 de 30 de enero de 2009 y sus modificaciones, obrantes en el expediente permisivo LAM2233″.

EPM dijo que ante el auto en mención se interpondrán las acciones administrativas a que haya lugar, en especial aquellas que se estimen necesarias para la debida defensa de la Sociedad.

El proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango es una iniciativa de gran envergadura que ha sido objeto de atención y debate a lo largo de los años, últimamente por demoras en la obra. Esta notificación por parte de la Anla plantea nuevos desafíos para el desarrollo del proyecto y podría tener implicaciones significativas, tanto para la sociedad Hidroituango, como para los actores involucrados en su ejecución.

La situación será seguida de cerca por la comunidad empresarial y la opinión pública, ya que el procedimiento sancionatorio ambiental podría tener consecuencias importantes en términos legales; financieros, pues nuevamente subiría el costo, y reputacionales para todas las partes involucradas.

A medida que se desarrollen los acontecimientos, se espera una mayor claridad sobre los detalles específicos de la infracción ambiental presuntamente cometida y las medidas correctivas que se requerirán para el proyecto.

Finalización de contrato de construcción de Hidroituango

Un sorpresivo anuncio realizó en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al solicitarle a Empresas Públicas de Medellín (EPM) dar por finalizado de forma anticipada el contrato suscrito hace más de doce años para la construcción y operación de la central Hidroituango, cuyo avance constructivo supera el 90 %.

Dicho contrato se firmó el 30 de marzo de 2011 entre la sociedad Hidroituango S.A. compuesta por la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), como socios mayoritarios del megaproyecto, con EPM bajo una figura conocida como BOOMT (por sus siglas en inglés: Built, Operate, Own, Mantain, Transfer), que está vigente y buscaba precisamente que la empresa prestadora de servicios públicos construyera, operara, poseyera y mantuviera la hidroeléctrica por 50 años para luego retornarla a la sociedad.

A través de la reciente carta del gobernador, con copia a la procuradora general Margarita Cabello, se solicitó que ese contrato BOOMT se dé por finalizado debido al complejo panorama financiero que EPM ha expuesto ante el Tribunal de Arbitramento, en medio de una demanda impuesta por los dueños de Hidroituango ante incumplimientos de EPM en la construcción de la megaobra.

Según la carta de Gaviria, EPM ha entregado proyecciones muy bajas con respecto a la venta de energía, que dejarían un saldo negativo de hasta 960 millones de dólares para los dueños cuando el proyecto retorne a sus manos en 50 años.