Gobierno Petro habría destinado millonario presupuesto en ceremonias ancestrales indígenas

Un convenio por más de $33.000 millones destinado a financiar actividades y ceremonias ancestrales de comunidades indígenas durante el Gobierno de Gustavo Petro generó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

La información fue revelada por el medio de comunicación Desigual, el cual afirmó que los recursos fueron gestionados a través de Prosperidad Social mediante un convenio interadministrativo suscrito con una asociación de cabildos indígenas.

De acuerdo con el reporte, dentro del presupuesto se contemplaban 90 millones de pesos para ceremonias de armonización con sabedores de la guardia indígena, más de 60 millones para espacios locativos y más de 100 millones para insumos como frutas, verduras y otros materiales.

Además, el medio citado anteriormente también menciona el caso de 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Chocó y Nariño, los cuales presuntamente estaban esperando desde noviembre de 2025, como parte de la promesa del ejecutivo de Petro, unas semillas y herramientas, pero al parecer estas nunca llegaron.

Respecto a la legalidad del financiamiento de dichos rituales, la Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, y establece que tanto el Estado como las personas tienen el deber de salvaguardar las riquezas culturales y naturales del país, según se lee en sus artículos 7 y 8, lo cual garantiza la libre determinación, la autonomía y la participación efectiva de los pueblos étnicos, el fortalecimiento de sus instituciones propias, autoridades tradicionales, entre otros.

No obstante, el gasto en estos rituales, como ocurre con cualquier utilización de recursos públicos, debe estar respaldado por los requisitos legales y administrativos correspondientes, entre ellos la planeación, los estudios previos y la justificación del gasto.

En ese sentido, la información divulgada plantea precisamente interrogantes sobre los estudios técnicos, la justificación y los mecanismos de seguimiento utilizados para este convenio de $33.000 millones.

Mientras tanto, la Contraloría puso bajo revisión varios contratos y actuaciones relacionadas con la transmisión de mando presidencial de 2026 y los actos de despedida del expresidente Gustavo Petro, suscritos por entidades del Gobierno saliente y que, en conjunto, comprometen cerca de $16.627 millones.

La revisión viene de una solicitud presentada el pasado 27 de julio por el senador Luis Carlos Rúa Sánchez, quien pidió al organismo de control evaluar posibles riesgos fiscales y ejercer control fiscal concomitante y preventivo sobre los contratos involucrados.

Entre los negocios que serán objeto de revisión se encuentra el contrato 880 de 2026, relacionado con el proceso adelantado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la transmisión de mando presidencial.

La Contraloría deberá verificar, entre otros aspectos, las condiciones de habilitación y calificación de los oferentes, la aplicación de los requisitos a los 17 proponentes, así como la incorporación de una comisión del 8,14% y un descuento del 32%.

*Con información de Colprensa.