Gobierno Nacional ajusta precio del diésel y focaliza el subsidio para blindar el transporte público

En un paso decisivo para el ajuste de las cuentas fiscales del país, el Gobierno Nacional oficializó la expedición del Decreto 1428 de 2025, una normativa que transforma la manera en que se aplica el subsidio al diésel (ACPM) en Colombia.

La medida busca eliminar las distorsiones que permitían que vehículos particulares y oficiales se beneficiaran de recursos públicos destinados originalmente a la estabilidad económica, priorizando ahora la protección del transporte de carga y pasajeros.

El anuncio, realizado este 7 de enero de 2026, establece un mecanismo de precio diferencial que impactará exclusivamente a los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

Con esta decisión, el precio del combustible para estos sectores comenzará a acercarse a su valor real de mercado, reduciendo la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Corrección de una “distorsión histórica”

De acuerdo con el diagnóstico del Ministerio de Minas y Energía, durante años el Estado ha subsidiado el consumo de diésel en vehículos que no cumplen una función social esencial.

Esta práctica generó un alto costo fiscal, restando recursos que podrían destinarse a otros sectores de la economía popular.

El ministro de la cartera, Edwin Palma, explicó que la intención no es un aumento generalizado, sino una búsqueda de equidad.

“Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”, afirmó el funcionario, enfatizando que el objetivo es que el beneficio llegue realmente a quienes dinamizan la economía básica del país.

Blindaje a la canasta básica y el transporte público

Uno de los pilares del decreto es evitar un efecto inflacionario que golpee el bolsillo de los hogares colombianos.

Por esta razón, el Gobierno fue enfático al declarar que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de este incremento.

Esta exclusión garantiza que los costos de transporte de alimentos y los pasajes de transporte masivo no sufran alteraciones por cuenta de esta medida.

Según el ministro Palma, proteger estos sectores es fundamental para salvaguardar el empleo, la producción nacional y el costo de vida de millones de familias que dependen del servicio público para su movilidad diaria.

Implementación gradual en las regiones

La aplicación de estos nuevos precios no se realizará de forma abrupta en todo el territorio.

El Gobierno ha diseñado un plan de implementación gradual y focalizada, que iniciará en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país.

Esta metodología permitirá a las autoridades realizar un seguimiento detallado del impacto de la medida y ejercer un control riguroso sobre su ejecución antes de considerar su expansión a otros municipios.

Con este enfoque, el Ejecutivo espera optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando que el subsidio cumpla su verdadera función social en el marco de una situación fiscal que el propio Gobierno ha calificado como crítica.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.