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Gobierno dice que extras para estudiar objeciones a reforma a la Justicia no es ilegal

El demandante Alfredo Castaño Martínez consideró que esta convocatoria es extraconstitucional, porque la reforma, “mal o bien”, fue aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas.

26 de junio de 2012 Por: Elpais.com.co I Colprensa

El demandante Alfredo Castaño Martínez consideró que esta convocatoria es extraconstitucional, porque la reforma, “mal o bien”, fue aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas.

Ante el Consejo de Estado fue demandado el decreto mediante el cual la Presidencia de la República convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, para analizar las objeciones a la Reforma a la Justicia.El demandante, Alfredo Castaño Martínez, consideró que esta convocatoria es extraconstitucional, porque la reforma, “mal o bien”, fue aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas como señala la Constitución.“Es una purga de un acto que es inconstitucional, por vicios de trámite y fondo, mediante otra ilegalidad, otra inconstitucionalidad”, señaló el jurista.A juicio de Castaño Martínez, el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para hundir la Reforma a la Justicia es un “adefesio constitucional”; la salida adecuada sería un referendo para tumbarla.Sin embargo, con el decreto número 1351 del 25 de junio y aduciendo que la Constitución Política en ningún aparte prohíbe objetar los actos legislativos, el Gobierno Nacional citó a las sesiones extras al Congreso para este miércoles y jueves para estudiar las observaciones a la cuestionada reforma a la Justicia.El documento legal, que usualmente va firmado por el Presidente de la República, en esta ocasión sólo lo está por los ministros del Interior, Federico Renjifo, y el de Justicia, Juan Carlos Esguerra (quien renunció la semana pasada).Indica el Ejecutivo que devuelve el acto legislativo al observar "serias deficiencias jurídicas y de conveniencia que atentan contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos".En los soportes jurídicos para hacer ese llamamiento el Gobierno cita que "ninguna norma de la Constitución prohíbe de manera explícita la presentación de objeciones gubernamentales contra actos legislativos" y lo refuerza con el artículo 227 de la Ley 58 de 1992, la cual hace referencia a los actos legislativos en particular.El Gobierno de manera implícita responde en el decreto sobre las advertencias de que las extras serían ilegales. Al respecto señala que las mismas no son para aprobar la reforma constitucional, sino para estudiar las objeciones a la reforma a la justicia."El artículo 375 de la Carta dice que el trámite de los actos legislativos tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos, lo cual, respecto del Acto Legislativo por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones ya se cumplió", indica el decreto.Y reitera esa posición el Gobierno al indicar que "el trámite de objeciones es un procedimiento distinto del de aprobación del acto legislativo, respecto del cual no opera la limitación a que se refiere el artículo 375 constitucional".El Gobierno Nacional ratificó este lunes ante la Secretaría general del Senado, el memorial de 68 páginas con el cual fundamenta las objeciones contra la reforma a la Justicia, de la que dice es inconstitucional en varios de sus artículos con los cuales fue aprobada.Procesos penales, disciplinarios y de pérdida de investidura se congelarían con la norma aprobada, por ejemplo. Según analistas, casos como la Yidispolítica tomaría con la reforma a la Justicia un giro extremo que obligaría a que los procesos de investigación se inicien desde cero.Igualmente, senadores que están siendo investigados como Roy Barreras, Eugenio Prieto Soto, Fuad Rapag Matar, Plinio Olano, Juan Manuel Corzo, entre otros, resultarían beneficiados con los cambios establecidos en la reforma.Así mismo, sucede con representantes a la Cámara, como León Darío Ramírez, Nicolás Jiménez, José Ignacio Bermúdez, Héctor Javier Vergara, Eduardo Diaz Granados, Simón Gaviria Muñoz, Holguer Horacio Díaz y León Darío Ramírez, entre otros. Estos son los casos que podrían quedar en el limbo con la reforma a la JusticiaDesignan congresistas que rendirán informe sobre las objecionesLas plenarias del Senado y la Cámara recibirán este miércoles un informe de las dos comisiones especiales integradas el martes, en donde expondrán cuáles fueron las razones por las cuales el Gobierno Nacional objetó la reforma a la Justicia.En la Cámara de Representantes esa labor les correspondió a los representantes Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), Roosvelt Rodríguez Rengifo (La U), Alfonso Prada Gil (Verde) y Guillermo Rivera Flórez (Liberal).Dentro de este grupo, Gaviria vinculó a Varón y Rodríguez, quienes hicieron parte de la comisión de conciliación que vinculó los micos en la reforma a la Justicia.En el Senado, su presidente encomendó esa labor a Juan Manuel Galán (Liberal), Aurelio Iragorri (La U) y Efraín Cepeda, sin embargo aún está pendiente el nombramiento de otro senador.Las plenarias están citadas para las tres de la tarde del miércoles.

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