Gobierno De La Espriella llevará al Congreso un estatuto antiterrorista tras incendios en Tolima

El Gobierno nacional anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de estatuto antiterrorista que, según la administración de De La Espriella, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas específicas para enfrentar a organizaciones criminales que, a juicio de las autoridades, estarían detrás de una serie de hechos violentos y de tácticas destinadas a minar la capacidad de respuesta institucional.

La iniciativa fue adelantada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, y llega en un momento de creciente preocupación por los incendios registrados en municipios del Tolima y otras zonas del país.

La propuesta parte de una premisa concreta: en Colombia existe el delito de terrorismo, pero no una definición legal clara de “organización terrorista” que permita crear un mecanismo formal de inclusión y exclusión de grupos en una lista específica.

El estatuto que prepara el Ejecutivo pretende llenar ese vacío, estableciendo criterios legales para identificar organizaciones que, por su conducta, pongan en riesgo la seguridad y el orden público, y creando procedimientos que garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa de quienes pudieran verse afectados por una eventual inscripción en esa lista.

En su intervención, Lara explicó que las autoridades han detectado patrones preocupantes en los incendios que han afectado al Tolima. Durante sobrevuelo y reuniones con autoridades locales, la Dirección Nacional de Bomberos habría identificado indicios técnicos que apuntan al uso de acelerantes para facilitar la propagación del fuego.

El ministro afirmó que “la Dirección Nacional de Bomberos… nos confirma el uso de acelerantes”, y añadió que se han observado coincidencias entre la ocurrencia de incendios y posteriores acciones violentas atribuidas por el Gobierno a disidencias de las FARC que operan en el sur del departamento.

Testimonios de civiles y autoridades locales, así como la presencia de hombres en motocicleta en zonas donde luego se registraron incendios, forman parte de los elementos que las autoridades analizan como posibles indicios de una estrategia criminal.

El Ejecutivo plantea que, si se comprueba que grupos armados están utilizando incendios u otras tácticas para distraer y agotar las capacidades operativas de la Fuerza Pública, será necesario contar con instrumentos legales que permitan una respuesta más eficaz.

Según la hipótesis oficial, el despliegue de recursos helicópteros, aviones, soldados, policías, bomberos y organismos de socorro para atender emergencias provocadas deliberadamente podría reducir temporalmente la capacidad de las fuerzas para combatir a las estructuras armadas en otras zonas, lo que constituiría una forma de desgaste estratégico.

Aunque el proyecto aún no ha sido radicado en el Congreso, el ministro adelantó que podría contemplar medidas específicas para las organizaciones que sean calificadas como terroristas, incluyendo un régimen penitenciario especial y la agravación de ciertos delitos.

Lara subrayó que cualquier norma deberá desarrollarse dentro del marco del Estado de Derecho y respetando las garantías procesales, y descartó que la tramitación del estatuto implique la suspensión de las operaciones de la Fuerza Pública contra estos grupos. Asimismo, aclaró que la inclusión en una lista no necesariamente impediría políticas de sometimiento a la justicia.

El anuncio también incorpora una lectura sobre la dimensión comunicacional del conflicto: las autoridades advierten sobre la posible existencia de una “estrategia híbrida” que combina acciones violentas con la creación de narrativas destinadas a generar sensación de ingobernabilidad y a amplificar críticas a la capacidad estatal a través de redes sociales.