Gobernadores advierten crisis hospitalaria tras liquidación de varias EPS: “asfixia financiera”

Los mandatarios departamentales de Colombia, liderados por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lanzaron una contundente alerta al Gobierno sobre el peligro inminente que representa el proceso de liquidación de siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin una adecuada transición territorial coordinada, una medida que, según advirtieron, pone en jaque la estabilidad financiera de la red hospitalaria pública y la continuidad de los tratamientos para millones de pacientes críticos en las regiones.

Cortés calificó el estado actual del sistema como un “problema estructural” y criticó la falta de consenso en las determinaciones adoptadas por la administración del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 17 de marzo ordenó el cierre definitivo de Coosalud, Famisanar, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca.

“Lo que más nos preocupa fue la decisión apresurada, no concertada, no un trabajo de la mano con los gobiernos subnacionales”, señaló la funcionaria al explicar que los gobernadores poseen responsabilidades directas sobre los hospitales que hoy enfrentan la incertidumbre de deudas acumuladas que superan los 16 billones de pesos.

El Ejecutivo justificó la liquidación masiva bajo el argumento de que estas entidades son financieramente inviables y que el Estado no cubrirá los huecos económicos de empresas privadas; sin embargo, la Federación Nacional de Departamentos (FND) sostuvo que la salida forzosa de estos actores del mercado, ante el estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso, genera una “asfixia financiera” que impacta directamente en el ciudadano.

Cortés enfatizó que “esos pacientes crónicos, esos pacientes que hoy están en tratamiento, citas médicas, hoy en día se pone en riesgo la salud y, por supuesto, la vida de estos pacientes” si no se garantiza un flujo de recursos y atención ininterrumpida.

Mientras estas siete prestadoras desaparecen, la Nueva EPS, que registra pérdidas estimadas en 21 billones de pesos y atiende a 11 millones de personas, se convirtió en el eje central del modelo estatal para recibir a los afiliados desplazados.

Los mandatarios regionales ven con cautela esta migración masiva y exigieron que el cambio hacia el “Giro Directo” a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la implementación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) no se realice de forma unilateral ni improvisada.

“La propuesta es clarísima al Gobierno Nacional: nuevamente a la articulación, a trabajar de la mano, a crear un proceso de transición mientras se cambia el modelo”, concluyó la presidenta de la FND, quien urgió a evitar que los hospitales públicos sigan quebrándose por la falta de una hoja de ruta técnica y verificable.

Para los gobernadores, el éxito del nuevo sistema público-estatal dependerá exclusivamente de si la red hospitalaria logra soportar la carga de atender a casi la mitad del país sin que el servicio colapse definitivamente.

*Información de Colprensa.