¿Funciona la paz total?: Cuatro de cada diez criminales incumplieron los acuerdos y retomaron actividades criminales

Un reciente informe periodístico de Semana reavivó el debate en torno a la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, al advertir sobre presuntos incumplimientos en los procesos de negociación con estructuras armadas ilegales.

Los datos revelan que 84 personas beneficiadas con la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la paz total reincidieron en actividades criminales y hoy están siendo buscadas por la justicia colombiana.

Tras un derecho de petición que radicó Semana, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía reveló que el gobierno de Petro solicitó que a 182 personas se les congelaran los pedidos de arresto entre el 7 de agosto de 2022 y el 12 de febrero de 2026, luego de que fueran señalados como representantes de estructuras criminales.

Además, después la medida acobijó a otros 23, completando un total de 205 beneficiados.

Así están distribuidas las personas que se beneficiaron de la paz total: ELN (33), disidencias de las FARC (81), Segunda Marquetalia (17), Comuneros del Sur (11), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (7), Clan del Golfo (3), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (10) y estructuras de Quibdó (12), Buenaventura (8) y Medellín (23).

De este registro, 121 personas siguen beneficiadas bajo el mecanismo de paz total, mientras que el porcentaje restante (84) retomó actividades criminales, es decir, que cuatro de cada diez criminales en los que el Gobierno Petro confió no cumplieron con los acuerdos y hoy se desconocen sus paraderos.

El informe también pone el foco en los recursos invertidos en estas negociaciones. A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, gestionado por el Departamento Administrativo de la Presidencia, se habrían destinado más de 100.000 millones de pesos para financiar aspectos logísticos, operativos y de protección de los participantes en los diálogos.

En el caso de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, las cifras evidencian dificultades en la consolidación de acuerdos y en la reducción de la violencia. Incluso, reportes oficiales indican que algunas de estas organizaciones incrementaron su presencia territorial y su capacidad operativa durante el desarrollo de los acercamientos.

“No se tuvo conciencia clara del riesgo que se corría. Fue un grave error apostarle sin medir las consecuencias. Estos tipos aprovecharon la suspensión de capturas para armarse, expandir sus capacidades criminales y moverse con tranquilidad. Hoy estamos viendo las consecuencias”, dijo un general (r) de la Policía a Semana.

Por su parte, el Gobierno ha defendido que los procesos de paz requieren tiempo y voluntad de las partes, y que la instalación de mesas de diálogo no implica una reducción inmediata de la violencia, sino una construcción progresiva de condiciones para el desescalamiento del conflicto.

“No existió un resultado concreto. Se les otorgaron unos beneficios sin que ellos hubiesen convenido ninguna reciprocidad para la sociedad. Estas suspensiones de las capturas no trajeron ningún beneficio. Uno de los ejemplos es el asesino de Miguel Uribe Turbay”, señaló el exfiscal Néstor Humberto Martínez, ante los acuerdos con el frente a la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.