Fiscalía investigará a Nelson Velásquez por enriquecimiento ilícito tras ‘megaparranda’ vallenata en cárcel de Itagüí

La Fiscalía General de la Nación pidió a la Dirección Especializada contra las Finanzas Criminales que inicie una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de participar en la llamada megaparranda vallenata en una cárcel de Itagüí.

El ente investigador también deberá determinar si hubo actuaciones irregulares y la comisión de delitos como prevaricato por omisión entre los servidores del penal en el que se encuentran recluidos miembros de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a la Paz Urbana.

También se conoce que la Procuraduría inició una indagación previa contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El Ministerio Público conoció los hechos a través de medios de comunicación y busca individualizar a los servidores del Inpec que habrían permitido la entrada del cantante al establecimiento.

Como parte de la investigación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia realizó una inspección disciplinaria al centro penitenciario y a la Dirección Regional del Inpec.

Por su parte, el Gobierno aseguró que la fiesta no fue autorizada y que lo ocurrido obedeció a fallas en los controles de ingreso al penal.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó en diálogo con Blu Radio que los internos vinculados a la mesa de diálogo cuentan con un régimen especial de visitas los días miércoles, que les permite recibir a varias personas, lo que habría facilitado el ingreso de múltiples asistentes.

“Hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar. Fallaron los filtros”, señaló el ministro, quien además calificó el hecho como penoso y ofreció excusas en nombre del Gobierno.

De acuerdo con el Ministro de Justicia, el grupo musical no ingresó formalmente como tal, sino que habría sido registrado como parte de los visitantes autorizados, lo que permitió el acceso sin levantar alertas iniciales.

Sin embargo, el ingreso de equipos de sonido, licor y otros elementos evidenció fallas graves en los controles.

“Para que ingresaran estos elementos tuvieron que pasar cosas que las investigaciones deben establecer, incluida una posible corrupción”, reconoció el jefe de la cartera de Justicia.

También señaló que el pago del evento no se habría realizado dentro del penal, sino a través de un intermediario externo, y reconoció que el ingreso de elementos prohibidos a cárceles del país es un problema recurrente, asociado en muchos casos a redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.

“Frecuentemente se encuentran celulares, licor y otros elementos prohibidos en operativos. Es un problema estructural”, señaló.