Estatuto antiterrorista: choque entre quienes piden mano dura y quienes temen concentración de poder

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentará ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca crear un marco jurídico específico para enfrentar lo que el Ejecutivo califica como “terrorismo” en el país.

La iniciativa contiene más de 130 artículos, propone la creación de un registro nacional de organizaciones terroristas, medidas de congelamiento de bienes, restricciones para contratar con el Estado, un Alto Comisionado contra el Terrorismo y facultades extraordinarias para reglamentar nuevas herramientas en los primeros seis meses.

El anuncio ha abierto un debate intenso en el escenario político y social: para algunos es una herramienta necesaria para “imponer la autoridad”; para otros, un mecanismo que concentra poder y puede convertir al presidente en juez y fiscal, con riesgos para la protesta social y las garantías constitucionales.

El Ejecutivo sostiene que el estatuto responde a la necesidad de atacar las fuentes de financiación de las organizaciones armadas y criminales —desde el narcotráfico hasta la minería ilegal— y de proteger infraestructura crítica.

Entre las medidas más llamativas figuran penas severas por delitos relacionados con drones usados con fines violentos, sanciones elevadas por asonadas contra la fuerza pública y un régimen especial de prisión para líderes, junto a incentivos de reducción de pena de hasta el 60 % para quienes colaboren con información efectiva antes de la acusación.

El ministro del Interior ha defendido la existencia de procedimientos “garantistas” para incluir o excluir organizaciones del registro y ha señalado que la lista no es un instrumento cerrado: organizaciones podrían salir del listado si se someten a procesos de sometimiento previstos por la ley.

En el Congreso las reacciones son encontradas y reflejan la polarización política. Voces del Centro Democrático han respaldado la iniciativa con énfasis en la necesidad de “restablecer el orden” y recuperar la autoridad del Estado en territorios donde, según sus argumentos, operan decenas de miles de combatientes y redes criminales que controlan municipios y economías ilegales.

Legisladores de esa bancada han defendido que una lista oficial permitiría dirigir medidas concretas contra estructuras criminales y ofrecer rutas de sometimiento para quienes quieran transitar hacia la legalidad.

En contraste, representantes del Pacto Histórico han expresado críticas profundas. Algunos senadores han advertido que el proyecto, tal como está redactado en el borrador que circula en pasillos, contiene artículos que podrían emplearse para perseguir a opositores políticos, estudiantes y manifestantes.

El argumento central de la oposición es que la figura del registro y la posibilidad de incluir personas o agrupaciones por actos administrativos abre la puerta a arbitrariedades: una inclusión administrativa implicaría la pérdida inmediata de bienes y restricciones, y la vía judicial para impugnar esa decisión —según los críticos— sería lenta y tardaría meses, dejando a la persona afectada sin recursos mientras se resuelve el fondo del asunto.