Estado debe incentivar producción de genéricos”: Germán Holguín Zamorano

El director de la Fundación Salud, asegura que en el país se debe estimular al máximo la competencia de los medicamentos genéricos de buena calidad y económicos.

Es el Director General de la Fundación Misión Salud, una organización privada y sin ánimo de lucro, que se ha dedicado en forma denodada a la promoción y defensa del derecho a la salud y a los medicamentos y como tal estuvo presente en todas las rondas de negociación del TLC -desde el denominado “cuarto de al lado”- en representación de la Alianza por el Acceso a los Medicamentos, integrada por organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica, y coordinada por Misión Salud. Con la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos, cobra vigencia, entre otros, el tema de la negociación que hizo el equipo colombiano en el tema de medicamentos y patentes en más de una docena de rondas de negociación, donde el tira y afloje dejó a más de uno en la lona (de los nuestros, claro).¿Cómo negoció Colombia el capítulo de propiedad intelectual en medicamentos?Para entenderlo conviene distinguir dos instrumentos: el tratado original, suscrito en noviembre de 2006 tras 29 meses de negociaciones, y el Protocolo Modificatorio de dicho texto, firmado siete meses después sin deliberación previa. El primero fue mal negociado por el Gobierno colombiano pues hizo a las multinacionales farmacéuticas varias concesiones dirigidas a vigorizar la protección de la propiedad intelectual, con las consecuencias propias del fortalecimiento del monopolio, como son el aumento del índice de precios de los medicamentos y del gasto en salud, y la pérdida de acceso a estos bienes esenciales por parte de la población de escasos recursos. Pero entiendo que las exigencias iniciales de Estados Unidos iban muchísimo más allá.Reconozco que el TLC pudo ser peor, ya que la propuesta original de Estados Unidos comprendía todos los extremos imaginables, como las patentes de segundos usos terapéuticos, las patentes de métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, y las patentes de animales, todo lo cual fue retirado por la Oficina del Representante Comercial (USTR) a lo largo del proceso de negociación. Pero la verdad es que lo que quedó plasmado en el texto original no es bueno para la salud de los colombianos. ¿En qué consiste el Procolo Modificatorio?Se trata del documento que recoge el acuerdo al que llegaron el Partido Demócrata y la Administración Bush sobre modificaciones al tratado original en varios temas. En acceso a medicamentos el Protocolo elimina algunas de las principales concesiones hechas por Colombia y mitiga otras, lo que es positivo para la salud pública. Pero el Protocolo no fue negociado, sino impuesto por los Demócratas como condición para respaldar el tratado en el Congreso. El Partido Demócrata hizo por la salud de los colombianos lo que no pudo nuestro Gobierno. ¿Cuáles fueron las principales concesiones hechas por el Gobierno colombiano en el texto original?Fueron cuatro: 1. Extensión del plazo de las patentes, más allá de los 20 años de la normativa internacional, para compensar demoras injustificadas en el proceso de su otorgamiento. 2. Extensión del plazo de las patentes para compensar demoras surgidas del trámite del permiso de comercialización. 3. Protección de los datos de prueba con carácter exclusivo, con modalidades más restrictivas de la competencia que las establecidas en el decreto colombiano 2085 de 2002. 4. Establecimiento de un vínculo entre la oficina de patentes y la oficina sanitaria (“linkage”) para que no puedan aprobarse versiones genéricas de un fármaco mientras la patente esté vigente o en trámite.¿Qué buscan con eso?Es evidente que la finalidad de estas cuatro figuras es bloquear o cuando menos demorar el ingreso al mercado de los genéricos económicos, a fin de que las multinacionales puedan seguir usufructuando por más tiempo el privilegio de la exclusividad comercial y los altos precios de monopolio, a costa de la salud de la población. ¿Entonces, qué cambió el Protocolo Modificatorio?Lo que hizo el Protocolo Modificatorio frente a estas barreras fue: 1. Excluir de la primera a las patentes farmacéuticas; 2. Convertir la segunda y la cuarta en potestades de las Partes, y 3. En protección de datos, volver a las modalidades del Decreto 2085. Estudios de impacto realizados en su momento mostraron que las concesiones hechas por el Gobierno colombiano en el texto original incrementaban el número de principios activos con monopolio de un 4 a un 89%, y aumentaba el índice de precios de los fármacos 30% y el gasto en salud entre 500 y 1.000 millones de dólares. Como consecuencia, 5 millones de colombianos podían perder el acceso a los medicamentos. En VIH-Sida, el primer año 3.000 pacientes podrían ver reducida su esperanza de vida entre 5 y 10 años.Estos resultados se le presentaron al Gobierno colombiano, a pesar de lo cual se hicieron las concesiones. El Ministerio de Comercio, responsable de la negociación, estaba más montado en el tren de las multinacionales que en el de la salud y el bienestar general.¿Es cierto que el ministro Botero entregó la protección de datos al gobierno de Estados Unidos un año antes de que se iniciara la negociación del TLC?Es cierto. La entregó antes de empezar la negociación, no obstante ser la carta de transacción más valiosa, dado el alto significado económico que para las multinacionales tiene la protección de datos con exclusividad. Y lo peor es que la entregó a cambio de nada. ¿Qué consecuencias ha tenido?Esto ha sido funesto para el país. Un estudio hecho por la Fundación Ifarma para Misión Salud, aún no publicado, muestra que el 100% de las “nuevas” entidades químicas registradas en el país a partir de la expedición del Decreto 2085 de 2002, solicitaron protección de datos con exclusividad y el 81% ya la obtuvieron, todas a favor de laboratorios extranjeros. Las protecciones afectan a 13 grupos farmacológicos de interés para la salud pública, siendo los principales los medicamentos para el tratamiento del cáncer, el sida, el sistema digestivo, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. ¿Y, en ‘plata blanca’, cómo se dice?El estudio estima que esto ha costado al pueblo colombiano $790.000 millones, en parte vía recobros al Fosyga y en parte a través del mercado detallista. Y todo únicamente para llenar las arcas de unas cuantas multinacionales farmacéuticas. Me imagino que la llamada ‘sociedad civil’ no se quedó cruzada de brazos frente a esta mala negociación...Desde luego que no. En primer lugar, hicimos una alianza entre instituciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica coordinada por Misión Salud dirigida a lograr un capítulo de propiedad intelectual respetuoso del derecho a la salud y a los medicamentos. Asistimos a todas las rondas de negociación y a las reuniones de preparación y evaluación, durante los dos años de negociación del TLC. Además, aportamos al equipo negociador varios documentos sobre temas puntuales y cuatro estudios de impacto de las principales aspiraciones de Estados Unidos, realizados con metodología avalada por la Organización Mundial de la Salud. Modestia aparte, estas gestiones fueron definitivas para que los Estados Unidos retiraran de la mesa las propuestas más extremas y para que el TLC original fuera menos malo de lo que pudo ser. Por otra parte, durante un tiempo largo hicimos una campaña orientada a posicionar el tema de la salud y el acceso a los medicamentos ante el Congreso Nacional, la Academia y la Opinión Pública. No fue fácil porque la gente no entiende el significado y alcance social de mecanismos como las patentes, la protección de datos de prueba o el “linkage”. No obstante, conseguimos bastante gracias al apoyo de algunos medios de amplia cobertura nacional y regional. También de la televisión y de las grandes cadenas radiales. En tercer término, cuando a principios del 2007 supimos que el Partido Demócrata había condicionado su apoyo al tratado a unos cambios en los temas ambientales y laborales, nos propusimos conseguir que agregaran el acceso a los medicamentos, y desde Misión Salud promovimos una alianza con la Iglesia Católica de Washington, Oxfam América y otras organizaciones de la sociedad civil estadounidense a través de la cual, después de arduos meses de esfuerzo lo conseguimos.¿Cuál fue su papel en ese punto?En compañía de Oxfam América visité personalmente a unos 50 congresistas norteamericanos, incluyendo senadores de la talla de Ted Kennedy. Una tarea agotadora pero absolutamente prioritaria. Por fortuna las disposiciones del Protocolo Modificatorio que le acabo de mencionar, por las que nos jugamos en franca lid, lograron neutralizar el riesgo de que el TLC agravara todavía más el problema de la falta de acceso a los medicamentos en Colombia. Pero hay quienes aseguran en ‘Dios y una Cruz’ que con el aumento de la cobertura en salud, que logró el gobierno anterior, ese problema desapareció.Eso no es cierto. En Colombia, cerca de la tercera parte de la población carece de acceso regular a los medicamentos esenciales, porque no pertenecen al Sistema de Salud (alrededor de 4 millones) o no pueden pagar de su bolsillo los fármacos que el Sistema no suministra, los cuales representan, según estimados de la Defensoría del Pueblo, la tercera parte de las prescripciones.Encuestas realizadas en 2009 y 2010 muestran que en diarrea aguda, por ejemplo, la carencia afecta a cerca de la mitad de los pacientes, en enfermedades respiratorias agudas a alrededor del 40% y en diabetes al 30%. En VIH-Sida hay cálculos que indican que más de la mitad de los enfermos que requieren tratamiento con antirretrovirales, no lo reciben. O sea que una cosa es que se haya aumentado la cobertura, lo que nadie pone en duda, y otra que los afiliados estén recibiendo servicios de calidad. Como dijo el Defensor del Pueblo, la tenencia de un carné de afiliación no es garantía de acceso a los servicios de salud.En este contexto, hacer concesiones a las multinacionales farmacéuticas que puedan agravar el problema del acceso sería, sencillamente, una irresponsabilidad y un atentado contra la salud pública. Hay que entender que lo que está en juego en este campo no es el balance de unas cuantas compañías internacionales, sino la salud y la vida de la gente. Ahora viene la implementación del tratado. ¿Cree que el gobierno estadounidense tratará de tomar ventaja, otra vez, para su industria farmacéutica?Sí. Es más, hace rato que las multinacionales farmacéuticas establecidas en Colombia, y el gremio que las aglutina, comenzaron a coaccionar al gobierno colombiano para que adopte medidas que hagan del TLC un instrumento íntegramente favorable a sus intereses. Para citar unos pocos ejemplos, las compañías multinacionales están tratando de conseguir una política farmacéutica nacional que fortalezca su monopolio y bloquee la oferta de genéricos económicos. En segundo lugar, una reglamentación de los medicamentos biotecnológicos que consolide el monopolio de las multinacionales, y cierre las puertas a la industria nacional en este campo, que es el futuro de la industria farmacéutica. Como si fuera poco, que la SIC adopte una guía de examen de patentes farmacéuticas que facilite su otorgamiento a las multinacionales pero no a los nacionales. Pretenden que el Sistema Nacional de Salud no establezca precios máximos de recobros al Fosyga. Simultáneamente presionan al Invima para que no otorgue registros sanitarios cuando exista una solicitud de patente en trámite (“linkage”), y para que otorgue protecciones de ‘segundo uso’, como ocurrió recientemente con la Dapoxetina, a la que se le brindó protección para el tratamiento de la eyaculación precoz, a sabiendas de que primero fue desarrollada internacionalmente como antidepresivo.La Alianza por el Acceso a los Medicamentos hará todo lo que esté a su alcance para impedir que estos intentos prosperen y para proteger el derecho a la salud. Ante semejante presión, ¿cuál cree usted que debería ser la actitud del actual Gobierno en el proceso de implementación del TLC?El Gobierno puede escoger entre favorecer a las multinacionales farmacéuticas para que incrementen aún más sus utilidades en el país, o amparar el derecho a la salud y a los medicamentos de millones de colombianos. Creo que su obligación es optar por la salud, que es un derecho de todos los ciudadanos, como lo han reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que Colombia, como Estado Parte, está obligado a honrar. También es un deber del Estado, como lo ha declarado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales -el órgano de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud. Eso exige adoptar medidas para asegurar su plena efectividad, y también abstenerse de tomar acciones que restrinjan o menoscaben el nivel de protección alcanzado, como sería el caso, por ejemplo, de la extensión del plazo de las patentes farmacéuticas por cualquier medio. ¿Eso qué implica?Optar por la salud significa, de un lado, ser muy estricto en la exigencia de los requisitos para que un laboratorio se haga acreedor al privilegio del monopolio, vía patente o protección de datos; de otro lado, reglamentar las salvaguardias a la salud en forma tal que se asegure su máxima utilización, y, finalmente, estimular al máximo la competencia de los genéricos de buena calidad y económicos, pues está demostrado que ese es el instrumento más efectivo para bajar los precios y mejorar los niveles de acceso. En Colombia, gracias al auge de los genéricos a raíz de la Ley 100, –identificados con marca o con nombre genérico- cuestan 5,3 veces menos que los fármacos de marca internacional, en promedio, y en casos puntuales hasta ¡60 veces menos! El Estado debe incentivar su producción y evitar cualquier medida que pueda obstaculizar o demorar su ingreso al mercado, porque son de igual calidad que los productos de marca original, pero mucho menos costosos.¿Pero y, de la llamada ‘propiedad intelecual’, qué? El Presidente Santos sabe bien, y así lo ha declarado públicamente, que “la salud no es un negocio” ni una mercancía transable a cambio de beneficios comerciales sino un derecho fundamental e inalienable de todos, un derecho de jerarquía superior a los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, abrigamos la esperanza de que el Gobierno aprovechará el proceso de implementación del TLC no para otorgar a las multinacionales nuevas exclusividades sino para asegurar la plena efectividad del derecho a la salud y la vida. Misión Salud y la Alianza LAC-Global brindaremos al Gobierno toda la colaboración que esté a nuestro alcance para que así sea.