¿Es un referendo la salida para la crisis de la Justicia que vive el país?

A la crisis de la Justicia ahora la envuelve un nuevo debate: ayer se conoció que el Gobierno Nacional estaría pensando en convocar un referendo para reformar esta rama. Y la fecha tentativa sería el 10 de marzo de 2018.

Aunque el ministro Enrique Gil Botero aseguró que el Gobierno no lo decidido todavía y que no sabe de dónde salió la fecha que rodó ayer por los medios de comunicación, sostuvo que sí es una de las posibilidades, así como también lo puede ser una Asamblea Constituyente. “Ningún mecanismo de participación ciudadana está descartado”.

Agregó que se está mirando lo que más conviene al país y la viabilidad de llevar a cabo una reforma sobre unos aspectos que ya están identificados que son las funciones electorales de las Cortes, una reforma en la enseñanza y en la practicidad del derecho y el fenómeno de la descongestión: “Se podría pensar en generar un acuerdo nacional para que la iniciativa empiece el trámite en este Gobierno en el Congreso y termine en el próximo en los aspectos sustanciales”.

Pero, ¿qué tan conveniente puede ser adelantar los cambios que pide con urgencia los colombianos para la Justicia a través de un referendo?

El exvicefiscal General de la Nación Francisco José Sintura, dice que la Reforma a la Justicia es esencialmente Constitucional y en algunos aspectos, legal. Pero, sostiene, no se requiere ni un referendo ni una Asamblea Nacional Constituyente, que son mecanismos de participación ciudadana costosos e innecesarios, que además se usan para las reformas del Estado.

A su juicio, lo que se necesita en la Justicia es un sistema de acceso por méritos, que los funcionarios se mantengan en sus cargos durante cinco o seis años, siempre y cuando ganen los exámenes y concursos en los que participen ciudadanos que aspiren a reemplazarlos, para que se convierta en obligatoriedad mantener actualizados sus conocimientos y para que el nivel de compromiso con la administración de justicia, de honorabilidad y de rectitud, sea efectivo y real.

También, según Sintura, se requiere que la Fiscalía General sea un órgano independiente o que haga parte del Ejecutivo, pero no de la Rama Judicial.

De manera adicional, añade el exvicefiscal, es necesario el fortalecimiento de los organismos de la Policía judicial, del aparato de investigación y eso, “no necesita ningún referendo. Todos son reformas legales que se pueden adelantar vía legislativa”.

Pero Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, indica que la agenda en el Congreso está “congestionada” y que por esa vía, el referendo no tendría vida.

Explica que el referendo es un mecanismo que permite la intervención popular en materia legislativa o constitucional que requiere de la aprobación de un proyecto de ley que diga cuál es el contenido normativo que se va a someter a la votación popular.

Además, el proceso debe luego ser llevado a la Corte Constitucional para que mediante una sentencia diga si ese proyecto de se ajusta o no a la ley: “Estamos a mitad de septiembre y en este momento el Congreso y la Corte están estudiando proyectos relacionados con Justicia y Paz, por lo que esta posibilidad es bastante complicada”.

Por ello, insiste en que la del referendo no es la “solución viable” por el factor temporal. Además, el Gobierno no ha dicho en qué consistiría la reforma: “Se sabe que hay gravísimos problemas de funcionamiento en torno a la administración de justicia, pero no podemos ignorar que el principal problema es de ética y eso no se soluciona con nuevas normas”, agrega Beltrán.

En ese mismo sentido se pronuncia Francisco Bernate Ochoa, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien califica de “desacertada” la propuesta del Gobierno.

“¿El mismo Gobierno que ternó a la esposa de Leonidas Bustos al Consejo de Disciplina Judicial ahora propone una reforma a la Justicia?. Con que apliquen lo que hay, basta y sobra”, dijo.

El presidente de la Corte Suprema, magistrado Rigoberto Echeverri, dijo que es necesario un mecanismo expedito que los investigue, que sea ágil. Porque siempre nos van a estar salpicando con dudas a todos los que integramos las altas Cortes, mientras que si la justicia es eficiente, se va establecer quiénes son los buenos y los malos”, agregó. 

Mientras que el vicepresidente de esa corte, el magistrado José Luis Barceló, sostuvo que la reforma debe hacerse, pero no a las carreras, sino con el mayor cuidado posible.