El largo prontuario criminal del empresario Hernando Silva Bickenbach, involucrado a investigación por robo a Ecopetrol

Hernando Silva Bickenbach es un empresario protagonista en la investigación por robo a Ecopetrol, pues en su amplio prontuario criminal está relacionado con bandas criminales y delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos.

La olla podrida que ha generado el multimillonario escándalo de Ecopetrol, es cada vez más escabrosa. Recientemente, Semana.com ha revelado detalles minuciosos de lo que sería uno de los mayores escándalos en lo que tiene que ver con delitos de hurto de hidrocarburos y que salpica a importantes empresas y personas que se encuentran en esta rama.

Hernando Silva Bickenbach, un empresario representante de Niman Commerce, empresa que resultó salpicada penalmente con el proceso del hurto de hidrocarburos a Ecopetrol. SEMANA obtuvo los soportes de los procesos penales en los que se encuentra vinculado el empresario y uno de ellos llamó la atención.

La causa penal está en la Fiscalía 131 especializada de Valledupar en la dirección contra organizaciones criminales. En el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, la acción se encuentra en estado activo en la actualidad. El otro proceso contra Silva se encuentra en el Juzgado 12 del circuito de Bogotá, bajo el radicado 66100, en donde aparecen como demandados Niman Commercer y Hernando Silva.

Es importante destacar que en su investigación la Policía ha revelado que el crudo robado a Ecopetrol se dio en zonas donde tiene injerencia la estructura criminal del ELN. De acuerdo con la investigación de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, lo que hacían los integrantes del sistema para hurtar el hidrocarburo en el oleoducto Caño Limón Coveñas, era asociarse con el ELN en Catatumbo Norte de Santander, para a través de válvulas que eran instaladas al tubo extraer el hidrocarburo. Luego, dice la Dijin, el crudo era blanqueado, es decir, vuelto legal, usando varias empresas legalmente constituidas.

Según informes de la Fiscalía, otro de los eslabones de la cadena criminal está conformado por varias empresas que, desde 2021 hasta mediados de mayo último, habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.

Según los elementos de prueba, estas empresas tendrían vínculos estrechos con las otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.

Por estos hechos fueron presentadas ante jueces de control de garantías tres personas e imputadas, según la posible participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado.

Los investigados son: Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización.

Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslados de los combustibles.

Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.

Por ende, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos.

Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Los predios, avaluados en más de 1,3 billones de pesos, están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.