"El gobierno anterior no dejó presupuesto para financiar la paz": Miguel Ceballos

"El gobierno anterior no dejó presupuesto para financiar la paz": Miguel Ceballos

Septiembre 09, 2018 - 09:49 a.m. Por:
Argemiro Piñeros Moreno / Colprensa
El alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos

El alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos

Colprensa

Miguel Ceballos es de los nuevos funcionarios que habla con propiedad. No duda en decir cuáles son las líneas rojas, los imposibles que no se podrán volver a aceptar, pero a la vez lo que sí se seguirá haciendo. Él es el Alto Comisionado de Paz.

En sus manos están dos temas complejos. Uno, el cumplimiento de los acuerdos con las Farc y todo lo que se ha desprendido de los mismos: la sustitución de cultivos, la implementación, saber del paradero de sus jefes, entre otros aspectos.

El otro gran reto: la mesa de negociación con el ELN, que se mantiene en la cuerda floja por la no liberación de los secuestrados y porque siguen las acciones delincuenciales por parte de esa guerrilla.

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Manteniendo una sutil prudencia, Ceballos habló con Colprensa sobre lo que se tiene que cambiar, los temas a mejorar y hasta del espejo retrovisor que le aplican al gobierno anterior por los compromisos económicos que tiene a la administración de Iván Duque corriendo para conseguir las partidas.

¿Cómo encontró lo referente a la implementación del proceso de paz con las Farc?

El presidente Iván Duque en la posesión anunció que seguiría con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz resultado de la negociación con la guerrilla de las Farc, que los acuerdos se iban a implementar, que los espacios generados por el Acuerdo se van a mantener; pero también dejó claro que se deben hacer unos ajustes, los cuales de ninguna manera van a afectar los beneficios que ya han recibido los miembros de Farc, siempre y cuando ellos cumplan con los acuerdos y no recaigan en la comisión de delitos posterior a su firma.

¿En cuanto a los desmovilizados, en lo revisado ha encontrado ‘embuchados’?

Las listas que se acreditaron en el gobierno pasado bajo la responsabilidad del anterior comisionado, Rodrigo Rivera, fueron listas verificadas por todos los organismos de control, seguridad y fiscalización. Sobre esas listas, en lo que concierne a mí, en este momento estamos evaluando las nuevas solicitudes que quedaron, pero lo importante es que precisamente uno de los temas a consolidar es cerrar la posibilidad de que haya unas reincorporaciones colectivas, como se pactó en los acuerdos con las Farc, y que de ahora en adelante siga funcionado como hace tiempo que ha sido eficiente y efectivo, que son las reincorporaciones individuales.

¿Cómo cree que está operando la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)?

La CSIVI es una instancia creada fruto de los acuerdos, como también lo es el Consejo Nacional de Reincorporación. Ambas instancias en este momento están siendo parte de la evaluación de lo que nosotros recibimos. Se están revisando todas las actas y las decisiones tomadas en ambas instancias para, una vez tenerlo claro, convocar a las mismas con la participación de la contraparte que es la Farc.

¿Cuál es su opinión sobre la forma como vienen operando los espacios territoriales de capacitación y reincorporación?

Me ha gustado encontrar que hay excombatientes de las Farc con un genuino compromiso por vivir y continuar en paz, a esas familias se les nota una vocación de paz y estabilidad. Me preocupan los desafíos que dejó el anterior gobierno relacionados con la implementación en algunos compromisos. Los proyectos productivos que encontré, que he visitado hasta ahora (Colinas en Guaviare, Llano Grande, en Antioquia y Pondores, La Guajira), en uno me decían que pese a que sembraron pepinos la cosecha no había sido vendida. Se necesita hacer un esfuerzo en lograr encadenamientos para la comercialización.

¿Le preocupa también lo referente a los programas de sustitución de cultivos?

Ese programa lo venía manejando de lleno la Consejería para el Posconflicto, sino que al final del Gobierno pasado quedó encargado el Comisionado de Paz, eso va a cambiar. La idea es que la sustitución de cultivos se va a respetar con las personas que manifestaron su voluntad de sustituir voluntariamente, son cerca de 77.600 familias. Lo que también ha dicho el presidente Duque es que de ahí en adelante las personas que expresen la voluntad de sustituir será positivo para el Gobierno, porque eso evitará llegar a la erradicación forzosa. La erradicación en Colombia de los cultivos ilícitos es obligatoria.

¿Qué cambios se le van a hacer a los Acuerdos de Paz?

Hay cuatro cambios que el mismo señor presidente ha anunciado. El primero es eliminar que haya conexidad entre los delitos de secuestro y narcotráfico con el delito político; eso regirá hacia el futuro en el evento en que sea aprobado por el Congreso. La segunda modificación se refiere a aquellos que continúan cometiendo delitos como tráfico de armas, lavado de activos; esa continuidad en la comisión de delitos se debe castigar, hay unas dudas en cómo quedaron los acuerdos que deben ser superadas.

Lo tercero es el tema de la erradicación. La idea es que haya un compromiso para que se respeten los acuerdos que fueron firmados y en adelante se haga un erradicación de carácter obligatorio. Lo cuarto es el tema de la elegibilidad política, es decir, que aquellas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad y sean elegidas para cargos públicos, no puedan ejercer ese cargo, hoy esa posibilidad existe con personas de la Farc.

¿Qué propone usted para mejorar los acuerdos?

Hay que mejorar la verificación de los compromisos adquiridos por las Farc, porque generalmente muchos se preguntan por el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno, y en estos últimos días hemos tenido una situación que preocupa mucho al país y es que ya nueve de las personas que tenían liderazgo en la Farc han devuelto sus esquemas de seguridad y su paradero no se conoce. Es importante que la JEP, la Fiscalía y la Farc hagan un corte de cuentas y una evaluación al cumplimiento de los acuerdos por parte de sus propios miembros.

Aquellos que tienen una voluntad genuina de paz, que están cumpliendo con los acuerdos, se están preguntando qué pasa con los líderes, y la responsabilidad de esos líderes es con ellos y también con el pueblo colombiano.

¿El paradero de estos señores es su principal preocupación hoy?

Es una de las más grandes preocupaciones. Otra, que la implementación del acuerdo quedó desfinanciada por el gobierno anterior, que hizo una gran estructura institucional con muchas instancias en varios ministerios, pero lo que nos preocupa es que no dejaron el presupuesto suficiente para implementar.

¿De cuánto es ese hueco?

Depende, porque hay muchos huecos; hay unos temas de tierras que tienen un déficit enorme, en el cumplimiento de la sustitución voluntaria estamos hablando de que cada familia debe recibir cerca de 12.000 dólares y son cerca de 77.000 familias.

¿Los líderes desaparecidos no se pueden mover libremente?

No es tan así, cualquier colombiano del común que tenga en curso un proceso penal sabe que tiene que presentarse ante las autoridades y tienen como mínimo la prohibición de salir del país. Si bien estas personas como fruto de los acuerdos son personas que se pueden mover por todo el territorio nacional, su juez natural, que es la JEP, está llamado a definir si están incumpliendo con la obligación. Otra cosa es si surgen nuevas violaciones a la ley, caso en el cual ya no será la JEP, sino la justicia ordinaria, la que entrará a investigar y decidir sobre esa situación.

¿’Márquez’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’, además de no saber su paradero, qué más han incumplido?

Que las autoridades de la rama judicial hayan hecho público, nada. Las posibilidades que ellos entren en el incumplimiento del Acuerdo podrían ser las que ya le comenté.

¿En el caso del proceso de paz con el ELN le suena que los diálogos tengan su mesa en Colombia?

Todas las propuestas que contribuyan a que una mesa sea eficiente, verificable en sus acuerdos y sobre todo viable en el sentido que produzca un resultado son bienvenidas.

¿Le gustaría como garante de ese proceso a la Iglesia Católica?

Tuve una reunión con el Episcopado Colombiano y percibí un gran ánimo y voluntad de apoyar cualquier iniciativa por la paz. La iglesia siempre ha estado presente en las aproximaciones que se han hecho, no solo con el ELN, sino con las Farc y otros grupos. Sería una instancia con la cual podemos tener un acompañamiento seguro y legítimo.

¿Cuál es la real preocupación de seguir con el proceso?

El tema de los secuestrados y la comisión de actos criminales ha sido una de las mayores preocupaciones del presidente Duque y del Gobierno. El cese de toda actividad criminal no solo el secuestro, sino el reclutamiento de menores, el tema del narcotráfico, el desplazamiento forzado, son temas importantes para mostrar que hay voluntad de paz. En ese sentido, es fundamental que el ELN cese en la comisión de todos esos actos criminales.

Y una preocupación, la mayor, es que no será posible una mesa verificable en sus compromisos y no será posible llegar ni siquiera a considerar un tema básico de cese al fuego y de hostilidades sin que el ELN le diga claramente al país si tiene o no combatientes de su organización en territorio venezolano.

¿Si sigue el proceso es necesario poner unos tiempos límite?

Esa es una decisión que va a tomar el señor presidente de la República.

¿Ha tenido contacto con los jefes negociadores del ELN?

Sí, he tenido contacto directo con Pablo Beltrán en materias relacionadas con esta evaluación y ha sido un contacto respetuoso y espero que constructivo.

"Queremos seguir mostrando y explicando a la comunidad colombiana que sí es posible que todos vivan en un sentimiento de respeto mutuo, que trabajen por una causa común".

Quién es Ceballos

El alto comisionado para la Paz es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma, y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Ceballos ha sido viceministro de Justicia, director del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana, entre otros cargos.

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