Doce comunidades campesinas e indígenas están confinadas en Bojayá, Chocó, por la presencia del Clan del Golfo y otros grupos armados

La Defensoría del Pueblo dio a conocer este martes que un total de 12 comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó están siendo víctimas de grupos al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde inicios de este 2024.

“Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, en una misión de verificación hecha en el territorio”, asegura Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

El órgano constitucional afirma que hay familias que están siendo afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a líderes sociales y profesores, acoso sexual contra mujeres y torturas contra indígenas por presuntamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales. Estas habitan en las comunidades de Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó.

Sin duda alguna, el Clan del Golfo o las AGC es el grupo armado que tiene mayor control territorial en esta zona del Pacífico colombiano, el cual ha querido imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Según el defensor Camargo, esto había sido advertido en la Alerta Temprana 016 del 2021, pero, al parecer, pocas instituciones estatales le dieron atención a la manifestación de la entidad.

Otras de las preocupaciones visibilizadas durante la misión humanitaria, es que las comunidades están siendo extorsionadas en varios puntos donde actores ilegales que delinquen en las áreas rurales de Bojayá han instalado retenes (dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva) cuando estas deben de salir de sus territorios para suplir sus necesidades. En distintos momentos, les han quitado sus pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias e indemnizaciones por ser víctimas del conflicto armado.

“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor. Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, denuncia Camargo.

Además, la producción de plátano es otro de los temas que se ha visto afectada en el municipio chocoano, ya que los paramilitares del Clan del Golfo han impedido que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinar el dinero a otros grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recomendó al Gobierno Nacional darle prioridad a esta crisis humanitaria que vive Bojayá en zozobra desde hace décadas. Asimismo, le exige que la Fuerza Pública pueda continuar haciendo trabajos de desminado y que haya más pie de fuerza con el fin de que se alejen del territorio y salvaguardar a las comunidades que ahora mismo están en confinamiento